Los ayuntamientos que tienen el servicio de abastecimiento o la gestión del Ciclo Integral del Agua delegado a la Empresa Provincial de Agua de Córdoba (Emproacsa) tienen un plazo de 30 días para presentar las alegaciones o reclamaciones que consideren oportunas a la Ordenanza reguladora de medidas excepcionales como consecuencia de la sequía, que aprobó el pleno de la Diputación el pasado día 27 de julio.

Una vez concluido dicho plazo, si no se ha recibido ninguna alegación, el documento entrará en vigor, y dejará de ser provisional. Estos datos fueron publicados ayer en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), abriendo el penúltimo paso para la consideración como definitiva de la ordenanza.

El objetivo de este acuerdo es precisamente tomar medidas que permitan un mayor ahorro del recurso hídrico, para lo que se proponen actuaciones de concienciación y otro tipo de medidas disuasorias para evitar un consumo excesivo.

Entre las medidas más llamativas figuran la de poder cortar el suministro durante 24 horas a los ciudadanos que se excedan en el gasto de agua, además de instalar telecontadores a los denominados grandes consumidores.

Emproacsa plantea también una serie de sanciones o recargos sobre la factura a aquellos usuarios, empresas o entidades que superen el volumen de agua asignado a su grupo de facturación. Así, los recargos fijados van desde el 50% más caro el litro de agua consumido en cada trimestre por encima del grupo al que se pertenezca, hasta el 100% sobre cada litro en los casos de grandes consumidores.

También concede la ordenanza a Emproacsa la potestad de restringir algunas dotaciones, de acuerdo con los ayuntamientos, para usos como riego de jardines, llenados de piscinas, baldeo de calles o limpieza de vehículos. La ordenanza recoge también la posibilidad de elaborar un censo de piscinas.