La alcaldesa de localidad cordobesa de Belmez, Aurora Rubio (IU), ha advertido este lunes del "trato de favor" y supuesta "prevaricación de cargos públicos" en la concesión de los Fondos Miner para ayuntamientos de la comarca del Valle del Guadiato, tras dictarse "una resolución arbitraria en beneficio de un pueblo", concretamente Espiel, y "perjuicio de otros" para estas ayudas.
Así lo ha manifestado a Europa Press la regidora, tras recibir una notificación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo en la que se justifican "una serie de incidencias", que ella califica de "irregularidades", entre los años 2010, 2011 y 2012, que "han imposibilitado liberar el pago al Ayuntamiento de Belmez", unos 600.000 euros pendientes de abono.
En concreto, el texto responde al escrito que formuló el Consistorio en su reclamación previa a la vía jurisdiccional Contencioso Administrativa y en el que solicita que el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras reinicie la actividad conducente a la firma y pago del convenio específico de colaboración para la adquisición de los terrenos del recinto agrotecnológico.
Así, recoge que aunque el Ayuntamiento indica que en los años 2006 y 2007 se solicitó al Instituto el inicio de dicha actuación, "hasta el año 2010 el municipio no pudo informar al Instituto acerca de la ubicación y coste total de la actuación, aspectos estrictamente necesarios, para poder iniciar la tramitación de un convenio específico de colaboración que permitiera financiar la realización de la citada actuación".
Una vez iniciada la tramitación de dicho convenio en el año 2010 y recabados los informes preceptivos por parte del Instituto, el 30 de diciembre de 2010 "se recibe desde el Ayuntamiento de Belmez el último documento preceptivo para poder solicitar a la intervención delegada la fiscalización de la propuesta del gasto", algo que supuso que "no fuera posible firmar el convenio dentro del ejercicio económico 2010", según el texto.
No obstante, "en el año 2011 se volvió a iniciar la tramitación del mismo convenio para su liquidación en ese mismo año, solicitándose nuevamente los informes preceptivos". De este modo, "se fiscalizó la propuesta de gasto y se remitió a la Junta de Andalucía y al municipio de Belmez para su firma, previas a la del presidente del Instituto y a la fiscalización definitiva del compromiso de gasto".
En este sentido, "el convenio firmado se recibe el día 20 de diciembre y debido a un cambio en la Secretaría de Estado de Energía no se pudo firmar dentro del ejercicio económico año 2011", indica la respuesta del citado Instituto, que, según la alcaldesa, "es determinante para todos los argumentos de injusticia, trato de favor y perjuicio gravísimo que ha sufrido el pueblo por una decisión arbitraria".
Al respecto, informa de que "el convenio de Belmez llegó al Ministerio el 20 de diciembre de 2011 y el convenio de Espiel llegó el 27 de diciembre", a lo que añade que "ambos convenios tienen para la firma" al presidente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, Fabrizio Hernández, si bien "el de Belmez se queda sin firmar y el de Espiel, gobernado por el PP, se firma".
Además, advierte de "una gravedad en los hechos", como que cuando se firma dicho convenio "el presupuesto del Estado estaba prorrogado", de modo que "se consignan partidas presupuestarias hasta el año 2014 para el Ayuntamiento de Espiel", comprometiéndose en este caso "pagos en anualidades posteriores pese a tener los presupuestos prorrogados", critica la regidora.
"INCIDENCIAS"
Entretanto, la respuesta del Instituto señala que "en septiembre de 2012 se acuerda la realización de un nuevo convenio para el pago de dicha actuación" en Belmez, y aunque "se inicia la tramitación, antes de la fiscalización del compromiso de gasto se publica" una orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por "la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2012 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias, donde se contempla que no se podrán tramitar actuaciones que no hayan sido fiscalizadas antes del 7 de noviembre". Por tanto, "debido a ello no se pudo seguir con la tramitación y firma del convenio".
De este modo, el Instituto expresa que "las incidencias producidas en la tramitación del convenio han sido totalmente ajenas a su gestión", además de que "no están relacionadas con otras actuaciones que sí han podido ser suscritas, así como tampoco con las asignaciones económicas adjudicadas a las diferentes comunidades autónomas o municipios".
Igualmente, expresa que "tampoco ha sido posible liquidar una actuación cuya realización se ha hecho con anterioridad a que existiera firmado un Convenio de Colaboración, ni en los momentos actuales y debido a limitaciones de índole presupuestaria, se puede asegurar que sea posible iniciar la tramitación de un convenio para el pago de la actuación".
