El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Lucena (Córdoba) tomará declaración el viernes al alcalde de Encinas Reales, Juan Víctor Prieto (PP), en calidad de imputado por la supuesta comisión de un delito de malversación, a raíz de una denuncia presentada por el PSOE por las obras en la Casa de la Cultura del municipio.

   Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y ha publicado 'El Día de Córdoba' en su edición de este domingo, al tiempo que destacan que el regidor está llamado a declarar para explicar su versión de los hechos, en los que hasta ahora no hay ninguna persona más imputada.

   En concreto, en julio la Fiscalía Provincial de Córdoba envió las actuaciones a la autoridad judicial tras apreciar indicios de delito, por lo que ahora es el juez instructor quien ha iniciado una investigación para aclarar las presuntas implicaciones penales.

   Fue en noviembre del año pasado cuando el exalcalde y actual portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento encinarrealeño, Gabriel González, presentó ante la acusación pública su denuncia. Tras estudiar el caso, el fiscal lo remitió al juez decano de Lucena.

   La denuncia va dirigida contra el actual regidor, a quien acusa de falsear supuestamente documentación relativa a 291.000 euros correspondientes al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), que deberían haber tenido como destino culminar las obras de la Casa de la Cultura.

   Según la denuncia, se ignora qué se habría hecho con el dinero del PFEA programado para tal proyecto, pues dichas obras "se habrían financiado a través del proyecto de los Planes Provinciales de la Diputación".

   Las obras arrancaron en 2009 en el solar del antiguo mercado de abastos mediante un taller de empleo financiado por la Junta de Andalucía, que llevó a cabo la cimentación, la estructura y algunos cerramientos. Todo ello en base al proyecto municipal aprobado por el Pleno, con González como alcalde.

   En 2010, el Pleno acordó incluir otra fase en el Plan Plurianual de Inversiones Locales para el cuatrienio 2008-2011 de la Diputación de Córdoba, con un presupuesto de 383.015 euros, mientras que el Ayuntamiento aportó 57.452 euros. Con esta segunda fase, se terminaría la planta baja totalmente y se acometería parte de la primera planta, hasta agotar presupuesto y, de hecho, la Diputación licitó y adjudicó en 2011 las obras de esta segunda fase de la Casa de la Cultura por 311.643.

   Dado que con estas obras, que concluyeron en 2012, no llegó a acabarse la Casa de la Cultura, el Ayuntamiento --con objeto de terminar la construcción-- decidió acogerse al Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA). El juez deberá aclarar ahora, como cuestionó el exalcalde socialista en su denuncia, si el dinero de esta última subvención habría servido para financiar la misma actuación que los planes provinciales.

LA "INTENCIONALIDAD POLÍTICA" DE LA DENUNCIA

   La denuncia coincidió con un cruce de acusaciones públicas a finales del año pasado entre González y Prieto, quien llegó a afirmar que el exregidor se habría embolsado una serie de dietas presuntamente irregulares. Esto forzó a González a devolver un total de 279 euros ante "posibles errores de transcripción de fechas" en la documentación que entregó en su momento, mientras fue alcalde del año 2007 a 2011.

   En cuanto a la denuncia por las obras de la Casa de la Juventud, Prieto aseguró en su momento que "el dinero está donde debe, en los bolsillos de las familias que lo necesitan, de la gente en paro" de la localidad y dijo encontrarse "muy tranquilo", a la vez que criticó la "intencionalidad política" de la denuncia presentada por González.

   Al respecto, apuntó que es "una maniobra defensiva", pues, según recordó Prieto, el portavoz socialista "tiene abiertas dos causas en los juzgados", en relación a su gestión cuando fue alcalde, "una por la construcción de una nave sin uso, con fondos del PFEA, justificada y no acabada, y también el tema de las dietas" que supuestamente cobró indebidamente durante su mandato.

   Y sobre el objeto de la denuncia en sí, Prieto afirmó que fue González quien presentó las solicitudes de inclusión de las obras de la Casa de la Cultura, "con la misma memoria", en los Planes Provinciales de la Diputación de Córdoba y en el PFEA, siendo bajo el mandato ya del actual alcalde popular cuando se ejecutó el proyecto subvencionado por el PFEA, lo que conllevó, según subrayó, "la contratación de cien peones y una veintena de oficiales, vecinos de Encinas Reales, en cuyos bolsillos está el dinero, que es donde debe estar", según insistió.

   El alcalde, quien dijo que él cumplió con su responsabilidad de hacer "la oferta pública de empleo" para las obras del PFEA, aclaró que, sin embargo, el control sobre la ejecución de las obras de la Casa de la Cultura a las que se refería el proyecto subvencionado no es de su competencia, "sino de la dirección de obra, que correspondió a la arquitecta municipal, que ya está despedida, aunque no por este asunto, sino por motivos económicos, por causas objetivas, en el marco del plan de ajuste".

   En cualquier caso, Prieto señaló que "la responsabilidad, en cuanto a si se han ejecutado unas obras y no otras, es de la dirección de obra", que es "la que ha certificado que se ha ejecutado el 100%" de la obra subvencionada a través del PFEA, llegando el alcalde a la conclusión de que "puede ser" posible que "la dirección de obra no haya ejecutado la obra como debía", si bien destacó que él no entra "en temas técnicos", pues su responsabilidad en este tema se limitó la contratación de los trabajadores para las obras del PFEA.