El Juzgado de lo Mercantil número uno de Córdoba ha fijado este jueves para el 2 de abril de 2018 la fecha de inicio de la vista oral, de cuatro jornadas, del juicio por la calificación del concurso de acreedores de Laboratorios Pérez Giménez, en el que prestarán declaración una veintena de testigos, que serán más de 30 al contar las pruebas testificales de parte que en este día han quedado establecidas que se practicarán en la vista oral.
Esta ha sido la consecuencia, según ha resuelto el titular del citado juzgado, el magistrado Antonio Fuentes, de la vista previa celebrada este jueves en el Mercantil y que ha servido para la proposición y admisión de pruebas relativa a la sección de calificación del concurso, en el que está inmersa la farmacéutica cordobesa desde hace más de cinco años.
En concreto, según ha establecido el juez al finalizar la citada vista previa, la vista oral del juicio se celebrará en la Ciudad de la Justicia de Córdoba, aún en obras, si para entonces ya se ha trasladado allí el Juzgado de lo Mercantil, o bien en otra sala con la capacidad sufiente para un juicio de esta magnitud, posiblemente en la Audiencia Provincial, pues, al margen de los numerosos testigos y también peritos llamados a declarar en el juicio, también debe haber espacio para los letrados de todas las partes, en representción de más de una decena de antiguos dueños y administradores de la empresa, además de la Administración Concursal y la Fiscalía.
En concreto, la estructura de las cuatro jornadas del juicio fijadas por el magistrado prevé que el primer día (2 de abril) tengan lugar los "interrogatorios de parte", es decir, que los cinco administradores concursales se somentan a las preguntas de los abogados de los antiguos dueños y administradores de Pérez Giménez, como parte de la prueba testifical que han solicitado los representantes legales de quienes son acusados, por la propia Administración Concursal y la Fiscalía, de "culpabilidad" en la calificación del concurso.
También se someterán a interrogatorios de parte en esta primera jornada del juicio esos mismos ex administradores sociales de Pérez Giménez cuya gestión "culpable" entiende la Administración Concursal que llevó a la quiebra a la farmacéutica, mientras que en la segunda jornada de la vista oral prevista para abril de 2018 habrán de declarar los once testigos que ha pedido la Administración Concursal, para sustentar su informe de calificación culpable referido a los antiguos administradores sociales de la empresa.
De forma específica y entre otros, los concursales han logrado que se incluya como prueba testifical la declaración, en esa segunda jornada del juicio, del que fuera responsable de Contabilidad de la farmacéutica, del exresponsable de Recursos Humanos de la empresa o de la letrada interna de la compañía, hasta un total de once testigos que convoca la Administración Concursal.
En la tercera jornada del juicio prestarán declaración los testigos no periciales, entre ellos, y en atención a lo solicitado por tres de los antiguos adeministradores sociales de Pérez Giménez, el que fuera miembro del comité de empresa y delegado de UGT en la farmacéutica, José Ruiz, junto a otros ex trabajadores que, según entienden los distintos administradores sociales que ha tenido la empresa, pueden exculparles con sus declaraciones.
Por último, para la cuarta y última jornada de la vista oral, el juez ha fijado que presten declaración los distintos peritos convocados por las partes, llegando a decir el magistrado Antonio Fuentes en la vista previa de este jueves que, serán tantos los peritos que tomen parte en este procedimiento que las instalaciones de la farmacéutica en Almodóvar del Río (Córdoba) se pueden convertir en "el carmarote de los Hermanos Marx", dado que todos los peritos visitarán previamente la sede de la empresa para consultar la documentación contable, financiera y laboral, que también reclaman como prueba documental las partes.
Ello forma parte de la estrategia de las defensas de los antiguos administradores sociales para sustentar el argumento de que el concurso fue "fortuito", es decir, que no hubo mala intención en la gestión que diera como resultado la entrada en concurso de acreedores. Sin embargo, la calificación de los concursales, apoyada por la Fiscalía, ha sido la de "culpabilidad" de los antiguos dueños y responsables de la farmacéutica, en cuanto a llevarla al concurso, hasta su posterior adjudicación y venta a Pharmex a finales del pasado año 2016, tras el despido en diciembre de 2014 de los últimos trabajadores.
Específicamente y en una resolución del 21 de noviembre de 2014, la Fiscalía y los administradores concursales de Laboratorios Pérez Giménez declararon que el concurso era "culpable" y reclamaron 17,8 millones de euros, por daños y perjuicios a la firma, a distintos ex responsables que tuvo la farmacéutica. Es decir, consideraron que los que fueron sus gestores en su última etapa tuvieron responsabilidad directa en la situación en la que terminó la compañía.
Así, en el juicio fijado para 2018 se dictaminará si el concurso fue culpable o fortuito. En el primer caso se fijarían las cantidades a desembolsar por los antiguos responsables, porque tendrían que responder con su patrimonio, después de que la farmacéutica se declaró en concurso de acreedores en noviembre de 2011, con un débito de unos 50 millones.
