La Sección Tercera de la Audiencia de Córdoba prevé celebrar desde este lunes el juicio con jurado al gerente de mantenimiento de ADIF en Córdoba en 2007 acusado de delitos de cohecho y falsedad en documento oficial, tras supuestamente pedir dinero "encubierto" para conceder una autorización de unas obras a una sociedad en un polígono de Andújar (Jaén). El fiscal pide para él una pena de cuatro años de cárcel y 400.000 euros de multa, con responsabilidad subsidiaria en caso de impago de un año de prisión.
Según recoge la calificación del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, una sociedad compró unos terrenos entre 2006 y 2007 en la localidad jiennense, con la intención de construir un polígono industrial y posteriormente venderlo. Fue aprobado por el Ayuntamiento, pero al lindar con unos terrenos de ADIF, necesitaba la "autorización para regularización de obras efectuadas en zona de protección del ferrocarril, construcción de cerramiento y cruce subterráneo de tuberías".
Al respecto, desde el año 2007 que comienzan a ejecutarse las obras, el cargo de ADIF, que era el responsable en la zona, presuntamente comenzó a exigir a la empresa "determinados condicionantes, que conforme se van solucionando, van cambiando, alargándose así en el tiempo de manera innecesaria", cuando las obras debían haber acabado "mucho antes, con el consiguiente perjuicio para la sociedad", puesto que no podía vender los terrenos.
Tras prolongarse en el tiempo la obtención de la autorización, el representante legal de la sociedad contactó con el procesado para "intentar solucionar los problemas", al tiempo que contrató a un detective privado en julio del año 2010, después de que el acusado supuestamente realizó a otra persona "algunas insinuaciones respecto al dinero que se podía ganar, considerando el citado que pudiera tratarse de una petición encubierta de dinero, imprescindible, para obtener la repetida autorización".
De este modo, tras diversas reuniones y conversaciones entre el procesado y el representante legal, en octubre de 2010, el cargo de ADIF "le dijo claramente que todo se arreglaría si le entregaba 180.000 euros" --aunque en otro momento rebajó a 150.000 euros--, si bien la entrevista fue grabada por un auxiliar del detective y posteriormente los hechos fueron denunciados ante la Guardia Civil.
Después de la denuncia y el inicio de este procedimiento, al tener conocimiento ADIF, el acusado fue removido del cargo de gerente, quedando como jefe técnico de operaciones en Córdoba. Y la autorización para el proyecto fue obtenida en octubre de 2011. Como consecuencia de ello, la sociedad sufrió unos perjuicios que han sido cuantificados en más de 2,8 millones de euros.
UNA CARTA PARA "DAR VEROSIMILITUD"
Asimismo, en la fase de instrucción, el procesado hizo referencia al envío de una carta en noviembre de 2010 a la sociedad, en la que se le requería que aportase unos avales para la concesión de la autorización solicitada de 30.000 y 112.000 euros, cuyas cantidades "no eran en absoluto necesarias, ni se exigían habitualmente en las autorizaciones", según expone el fiscal.
Al respecto, el Ministerio Público apunta que la carta tenía la finalidad de "intentar obtener cobertura por la actuación delictiva", a lo que añade que "con la intención de dar verosimilitud a la actuación, dicha carta fue elaborada con el membrete de ADIF y firmada por el acusado", en la que además dio "un número de registro de salida evidentemente duplicado y manipuló el registro informático de ADIF".
Junto a las citadas penas de prisión y multa, la Fiscalía ha solicitado suspensión de empleo o cargo público por tres años, otra multa de 4.320 euros e inhabilitación especial por tiempo de cinco años.
