Salen a subasta por 6, 2 millones las naves ilegales de Rafael Gómez

Las antiguas instalaciones de la central lechera de Córdoba (Colecor), que el empresario Rafael Gómez, condenado por delito fiscal, convirtió en sus oficinas centrales y donde construyó ilegalmente más de 57.000 metros cuadrados de naves, ha salido a subasta judicial por 6,2 millones de euros,

La ejecución, que ha sido instada por el Banco Santander, según el edicto del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Córdoba y al que ha tenido acceso Efe, va contra las empresas Mezquita Sur Inversiones, SL, Arenal 2000 y Grupo Prasa y los particulares Rafael Gómez Sánchez, conocido como 'Sandokán', y su esposa, Dolores Serrano Moreno.

La entidad financiera reclama 7.232.550.57 euros, de los que 6.205.356,67 euros corresponden al préstamo, 990.350,56 euros a los intereses ordinarios y 36.841,86 a los intereses de demora.

Además, se asignan otros dos millones de euros "en concepto de gastos y costas de este procedimiento", según la resolución judicial.

Los bienes que salen a subasta consisten en cinco fincas aunque van en un único lote, sobre una superficie de unas doce hectáreas en la carretera de Palma del Río, a la afueras de Córdoba.

Según se describe en el edicto, dentro de sus linderos existen quince edificaciones, entre los que destacan los que en su día fueron el edificio principal de la central lechera, la fábrica de piensos compuestos, la planta de esterilizado de leche y la torre de desecación de leche en polvo, además de las naves ilegales.

El antiguo conjunto lechero fue rehabilitado "quedando en la actualidad" dedicado "a edificio de oficinas", con planta sótano, baja, planta y castillete.

Tras las instalaciones de Colecor, Rafael Gómez construyó una serie de naves de almacenamiento sin licencia municipal durante el mandato de Rosa Aguilar como alcaldesa de Córdoba, entonces en las filas de IU, que terminó, tras un largo proceso administrativo y una fuerte polémica política, con una sanción de 24 millones de euros.

Posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rebajó la sanción a casi 20 millones, mientras que el empresario ha obtenido la libertad condicional hace unos días para terminar de cumplir la condena de cinco años y tres meses de prisión por delitos de fraude contra la Hacienda Pública por no pagar 29 millones de euros, aunque desde marzo de 2019 ya sólo iba a prisión a dormir.

Estas naves, con 57.782,89 metros cuadrados construidos distribuidos en cuatro módulos, también salen a subasta, aunque la resolución judicial advierte que "el uso característico es el industrial incompatible con el medio urbano".

Hubo un intento del Ayuntamiento de Córdoba por legalizar la construcción, aunque el Tribunal Supremo anuló el Plan Especial de la Carretera de Palma del Río, que era el instrumento urbanístico a través del que se pretendía subsanar la ilegalidad mediante la demolición de parte de las naves y salvar gran parte de lo edificado irregularmente. La decisión del alto tribunal afectó precisamente a esta parte del documento.

Además de las edificaciones, salen a subasta en el mismo lote tres parcelas de tierra, una de ellas declarada como de labor.

Al Juzgado no le consta quién tiene la posesión de los bienes que saca a subasta, según reconoce el edicto.