El delegado de Presidencia del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico (PP), ha destacado este lunes que estarán pendientes de lo que comunique el Juzgado de Primera Instancia número 10 de la capital sobre la subasta de los terrenos donde se ubican las naves de la antigua Colecor en la carretera de Palma del Río, en el término de Córdoba, que construyó sin licencia el empresario Rafael Gómez, condenado en 2017 a cinco años y tres meses de prisión por fraude a Hacienda de 29 millones de euros.

En una rueda de prensa, junto a la primera teniente de alcalde, Isabel Albás (Cs), el concejal ha apuntado que "los servicios jurídicos de Consistorio lo estudiarán y se verán cuáles son los próximos pasos a seguir".

No obstante, ha aclarado que "esa subasta establece una prelación de pagos" en la que el Ayuntamiento "no figura precisamente de los primeros" en cuanto al cobro de "las deudas que ese contribuyente tiene con el Consistorio".

En este caso, Torrico ha indicado que "hay unas nave que están afectadas también a otro tipo de sanciones urbanísticas y se verá cómo termina la subasta, en el caso de que se produzca, y en qué términos se da esa finalización".

Así, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha informado este lunes de la salida a subasta de varios bienes por valor de 6,2 millones entre los que se encuentran los terrenos donde se ubican las naves de la antigua Colecor.

Según recoge el informe, se trata de una parcela de tierra con una extensión de más de cuatro hectáreas, que linda al norte con otras de los hermanos Espejo Lastra; al sur con la carretera comarcal 431 de Córdoba a Palma del Río; al este con parcelas de María Cabrera de Hoces y de Salvador Carrasco, y al oeste, con más propiedades de los hermanos Espejo Lastra.

El documento señala que dentro de sus linderos existen las edificaciones de un edificio principal de la central lechera, la fábrica de piensos compuestos, una planta de esterilizado de leche, una extrusora de botellas, la torre de desecación de leche en polvo, una caldera, un aparcamiento cubierto para camiones, almacenes de piensos, una nave de talleres y pintura de vehículos, un almacén de productos lácteos, otras dos naves y una nueva sala de calderas.

Igualmente, se apunta que, "según manifestación del representante Mezquita Sur Inversiones", empresa de Rafael Gómez, "esta edificación fue rehabilitada quedando en la actualidad dedicada a edificio de oficinas, constando la misma de planta de sótano, planta baja, planta alta y castillete". El resto de propiedades que salen a subasta son fincas rústicas de Turruñuelos.

USO INDUSTRIAL

En este sentido, el inmueble que se subasta dentro del espacio en el que se encuentran las naves de Arenal 2000 tiene uso industrial, es del año 2006, y cuenta con una superficie de 1.765 metros cuadrados, de los que 44 metros están dedicados a almacén.

Al respecto, el empresario Rafael Gómez, que se encuentra en libertad condicional desde hace unos días tras la referida condena, construyó las naves en el año 2005. Aunque intentó legalizarlas con un plan especial, este fue tumbado en distintas instancias tras recurrirlo la Junta de Andalucía.

Tras ese primer intento, el Ayuntamiento impulsó un nuevo plan, que también fue recurrido por la Junta y tumbado. Gómez llegó a presentar plan de actuación con el primer plan, pero también fue anulado judicialmente. El segundo plan de la carretera de Palma está a falta de que el Ayuntamiento redacte los artículos que fueron anulados por el Tribunal Supremo (TS), el de los usos y el de la superficie a dejar en pie.

Por construir estas naves, el Consistorio impuso a Rafael Gómez una multa de 20 millones de euros que nunca pagó y que fue subiendo con los intereses.

LARGA LISTA DE ACREEDORES

El Ayuntamiento no llegó a subastar las naves para cobrar la deuda porque tenían una larga lista de acreedores en la que esta administración no figuraba en primera posición. El Banco Popular era el que tenía cobro preferente. Sin embargo, los terrenos de las naves pasaron a manos del Santander cuando este compró el Banco Popular. Precisamente, el Banco Santander es el que solicita la subasta, según edicto del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Córdoba.

Según el edicto, el procedimiento de ejecución hipotecaria es contra Mezquita Sur Inversiones, Arenal 2000, Arenal 2001, Rafael Gómez, Dolores Serrano y Grupo Prasa, a los que el Santander reclama 7,2 millones en concepto de principal --de los que 6,2 corresponden a capital de préstamo, 990.350, a intereses ordinarios y 36.841, a intereses de demora--, más dos millones de euros en concepto de gastos y costas. Todas las propiedades se han metido en el mismo lote.

En cuanto a las cargas que pesan sobre las naves, y según informe del Registro de la Propiedad, la finca se encuentra gravada por varias hipotecas del Banco Popular, del Banco de Castilla, del Banco de Andalucía y del Ayuntamiento de Córdoba; por anotaciones preventivas de embargo del Juzgado de Instrucción número 3, del Consistorio y de Hacienda, y por anotaciones preventivas de incoación de expediente de disciplina urbanística.