La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez Pablo Ruz que admita a trámite la querella contra el presidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell, por un delito de apropiación indebida en el fichaje del futbolista brasileño Neymar Dos Santos, al considerar que el traspaso contempló la firma de "contratos simulados" y se alteró la finalidad de un pago de 40 millones de euros.
En un escrito hecho público este viernes, el fiscal José Perals señala que los contratos firmados entre el Barça, el Santos y la sociedad Neymar&Neymar (N&N), de la que sería propietario el padre del futbolista, "en ocasiones no responden a lo indicado en los mismos", por lo que deben ser investigados.
El fiscal, que aclara que la admisión a trámite de la querella no debe constituir automáticamente la imputación de Rosell, pone de manifiesto en su escrito la "verosimilitud" de los hechos relatados por el denunciante, el socio del Barcelona y portavoz de la plataforma opositora 'Consulta Barça', Jordi Cases.
El querellante sostiene que el club fichó a Neymar por 57,1 millones de euros, de los cuales 40 habrían ido a N&N y 17,1 se habrían abonado en concepto de derechos federativos. A esta cantidad habría que añadir 7,9 millones de euros por un acuerdo sobre tres jugadores del Santos, equipo en el que militaba Neymar, y otros 9 por la celebración de dos partidos amistosos.
ANULADO EL CONTRATO DE 2011
De la documentación entregada por el Barça el pasado 23 de diciembre, el fiscal deduce que en noviembre de 2011 el Barça, Neymar y la sociedad N&N firmaron un contrato para que el futbolista jugara en el club azulgrana a partir de 2014, cuando terminaban sus derechos federativos con el Santos.
En este acuerdo se pactó abonar a la sociedad del padre 10 millones de euros en virtud de "un contrato de préstamo sin intereses y a amortizar cuando se formalizara el contrato laboral". Además, el precio por la adquisición de los "derechos federativos y económicos", propiedad de N&N, se estipuló en 40 millones y se estableció una penalización en caso de incumplimiento por idéntica cuantía.
En junio de 2013 las tres partes, sin embargo, decidieron rescindir este contrato ya que el jugador se había incorporado al Barça después de que el club cerrara un acuerdo de transferencia con el Santos por el traspaso de los derechos federativos. En ese punto, la entidad presidida por Rosell reconoció que había incumplido el contrato de 2011 y abonó 40 millones de euros en concepto de penalización. También se firmó el contrato con el jugador.
Estas operaciones supusieron, según el fiscal, la "mutación" de un contrato de transferencia de los derechos económicos sobre los federativos de N&N al Barça en una cláusula de penalización del mismo, de forma que la cantidad abonada como "préstamo" en 2011 resultó ser "más bien una garantía del futuro contrato".
En las cuentas anuales del ejercicio 2011-2012 constan los diez millones del préstamo como "inmovilizado intangible deportivo", a los que el club se refiere como "un compromiso firme de compra a largo plazo por 40 millones de euros". Sin embargo, en las de 2012-2013 no se cita la "claúsula de penalización" de 40 millones (30 puesto que 10 se habrían abonado como préstamo en 2011) y en el informe de gestión no se cuantifican los gastos del fichaje ni el pago a Santos por la adquisición de los derechos a pesar de que se imputa contablemente en ese ejercicio.
UN OFICIO A LA FIFA
Para aclarar todos estos extremos, el representante del Ministerio Público solicita al jugador que aporte el contrato que firmó con Neymar&Neymar por el que le cedía sus "derechos económicos futuros" una vez que adquiriera la condición de agente libre.
Además, reclama al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 que remita un oficio a la FIFA para que aporte la documentación relativa a las transferencias económicas que tenga en sus archivos sobre este traspaso y que libre una comisión rogatoria a Brasil para pedir el contrato que Neymar tenía con el Santos y el que se realizó para formalizar su fichaje por el Barça.
Como última diligencia a practicar, el fiscal propone la declaración en calidad de peritos de los auditores de Deloitte que realizaron sendos informes el 30 de junio de 2012 y 2013 sobre las cuentas anuales de la entidad culé.
