Tanto la Coordinadora de los Inquilinos de viviendas municipales de Suvipuerto como los partidos miembros de la oposición (IP, IU y PSOE) tenían en la jornada de este jueves un objetivo claro: revocar la ordenanza que ya en su día aprobó la subida de los alquileres de las viviendas municipales en un 67%.
Sin embargo, la ordenanza seguirá su curso, después de que las mociones de IP y PSOE hayan recibido los votos en contra de los partidos que conforman el equipo de gobierno (PP y PA).
En su exposición de la propuesta, el grupo de Independientes Portuenses aludió al “chantaje que desde Suvipuerto se está haciendo a los inquilinos”. Y es que, aunque el concejal de Vivienda, Antonio Jesús Ruiz, ha manifestado con anterioridad que “ninguna persona será desahuciada de las viviendas municipales por no poder hacer frente a los alquileres por falta de recursos”, desde IP han subrayado que “se están metiendo a vecinos en los juzgados”.
Por su parte, el grupo socialista ha destacado que Suvipuerto “es una empresa pública con un fin social, por lo que debe garantizar el derecho a una vivienda digna y a no cobrarle más por su techo a los vecinos”.
Desde Izquierda Unida han ofrecido la posibilidad de cambiar la ordenanza y “escuchar las quejas y peticiones de los vecinos”. Igualmente, han recordado que a estos vecinos también se les está agravando con “el IBI, los arreglos en las viviendas y los desatascos en las arquetas”.
En lo referente al IBI, Antonio Jesús Ruiz ha hecho referencia a un dictamen emitido por el Consejo Consultivo de Andalucía que afirma que "EPSA (Empresa Pública de Suelo de Andalucía) puede y debe repercutir la cuota líquida del IBI que corresponda sobre los arrendatarios". Así, ha apuntado que “para las viviendas de la Junta y del Ayuntamiento la legislación es la misma, por lo que se debe cumplir en las viviendas”.
Además, y en relación a un punto anterior sobre las trabajadores de Mayse, los miembros de la oposición han solicitado que si “estas trabajadoras hicieron un esfuerzo para no mejorar sus condiciones económicas, debería el Ayuntamiento comprender la situación de crisis y volver a la ordenanza anterior”. No obstante, la ordenanza sigue su curso, aunque los inquilinos ya han expresado su deseo de luchar.
MOPU
El pleno de este jueves también ha abordado otro caso relacionado con la vivienda. Se trata de una moción del Partido Andalucista para paralizar los expedientes de desahucios abiertos a los inquilinos de las viviendas del MOPU, que ha salido adelante con la abstención de IU y PSOE.
Concretamente, Antonio Jesús Ruiz se ha referido a 24 viviendas, 12 pertenecientes a la Junta de Andalucía y las otras restantes al Ministerio de Fomento. De las viviendas de la administración andaluza, tal y como ha indicado Ruiz, dos de ellas están vacías, cuatro están ocupadas por trabajadores en activo y seis viviendas tienen expedientes.
En este punto, los grupos que se han abstenido han matizado que la Junta “no iba a echar a nadie de sus viviendas que no tuviera recursos”, pero que eran conscientes de casos en los que “los vecinos tenían hasta otra vivienda más en propiedad y un local, con lo que tenían que dar paso a otras personas que necesitaran estas viviendas”.
