Con la prórroga de las contratas municipales, las intenciones del equipo de Gobierno chocan con las intenciones de remunicipalizar dichos servicios, los  que debieran ser públicos, tal y como prometieron en campaña y suscribieron a posteriori en el Pacto de Gobierno.

La teoría de entonces poco o nada tiene que ver con la práctica ejecutada ante la realidad y con el paso de los meses. De la oposición, a estar en el poder, la disyuntiva planteada confirma la regla de querer y no poder. O no saber. Cualquiera sabe a estas alturas después de un año en el Gobierno.

Lo cierto es que en sesión plenaria, el Ayuntamiento ratificará prorrogar y renovar unos contratos con las diferentes empresas subcontratadas. Las privadas, las que se imponen a lo público. El eterno debate entre estos ha valido para calibrar el estado de las pretensiones.

Las promesas electorales, a tenor de las actuaciones, son papel mojado que dejan a un lado los deseos de rescatar y hacer público un servicio por el que se paga y que debiera estar regulado de manera municipal.

El famoso ahorro tantas y tantas veces suscrito para apoyar y fomentar tantas necesidades, encuentra en estas acciones una controversia de difícil argumentación por parte de los que dicen abanderar el cambio. La delgada línea que la separa ya no entiende de pasado y presente. Más y más de lo mismo.