Abanderar las políticas sociales se ha convertido de un tiempo a esta parte en la gran baza de los llamados gobiernos del cambio. Apostar, dicen estos, sin titubeos por ofertar y dar una mayor cobertura a todas aquellas personas, familias, que tienen dificultades en el día a día.

Las intenciones y las propuestas con el paso del tiempo, al menos en lo que se refiere a la situación coyuntural del Ayuntamiento portuense, son y han sido bien diferentes en la mayoría de ellos. 

En el Pacto de Gobierno Progresista firmado por el entonces tripartito portuense, PSOE, IU y Levantemos El Puerto, Bienestar Social se iba a convertir en un pilar fundamental y crucial en las políticas sociales para hacer frente a las innumerables problemáticas existenciales de la ciudad. Modificar y ampliar  un servicio que entendían había que volcarse más aún, aunar más esfuerzo si cabe. 

La distribución en el organigrama en la confección del nuevo equipo de Gobierno, encontró en la formación de José Antonio Oliva (Levantemos) y a éste como máximo exponente de defender lo que a su entender necesitaba de una mayor atención y una mejor atención de un servicio, que a día de hoy se ha convertido en el Área municipal más complicada y dificultosa de paliar y sobrellevar.

La larga lista de demandantes comenzó a ser infinita y los pequeños y puntuales atrasos en los pagos se eternizaron, hasta el punto de colapsar ante el volumen de demandas que existen en la actualidad. Un número que no ha ido descendiendo, al contrario, y que ha mostrado sin pudor los auténticos dramas familiares con los que hay que convivir.

Al contrario de atajarse, los retrasos han desencadenado que los atrasos interinos se conviertan en problemas de inquilinos, de alquileres, de cortes de luz, de agua y de primeras necesidades que han mostrado el desbordamiento, y en algunos casos, de hasta nueve meses de impagos.

La situación se ha terminado de convertir en la auténtica patata caliente del Ayuntamiento. Una patata que nadie quiere asumir como asunto propio.

Incómodo
Un Área que conoce los problemas de una parte de la población que sigue esperando y reclamando medidas urgentes para paliar dichos atrasos.

En la nueva reestructuración del Gobierno y tras la salida de Levantemos del mismo, en las negociaciones para diseñar las nuevas funciones, Izquierda Unida no dudó en desmarcarse para liderar Bienestar Social después del ofrecimiento realizado por el PSOE.

Un caramelo envenenado que incomoda ante lo que existe y lo que está por llegar, los meses se acumulan y los recursos y la salida al problema no se encuentran.

Muchas promesas y todas pendientes

En el programa electoral de las tres fuerzas que al final definieron el Pacto de Gobierno Progresista, en el programa electoral socialista afirmaba que se implantarían “ayudas a familias desempleadas para el pago de recibos de luz y agua, alimentos básicos y primeras necesidades. Impulsar la creación del Consejo Municipal de ONGs, asociaciones y plataformas con fines humanitarios como órgano de coordinación de las políticas sociales”.

Izquierda Unida, por su parte, entre otras cosas pretendían “incrementar el presupuesto. Diseñar un Plan de Inclusión Social. Bonificación por aumento de plantilla y contratación indefinida. Proporcionar los mínimos vitales en agua y energía para familias en exclusión social”. 

Levantemos proponía “ayudas económicas para familias en riesgo de exclusión social. Impedir los cortes de suministro de agua a las familias que no pueden pagarla y asegurar un mínimo vital. Albergue municipal y comedor social”.