El Gobierno argentino sufrió un duro revés a manos de la Justicia, que suspendió un decreto presidencial que disponía el uso de reservas monetarias para pagar deudas soberanas y ordenó la restitución del titular del Banco Central, destituido por el Ejecutivo.

La jueza de Buenos Aires María José Sarmiento suspendió el decreto que la presidenta argentina, Cristina Fernández, firmó el mes pasado para pagar deudas de 2010 con reservas del Banco Central, cuyo titular, Martín Redrado, había sido destituido este jueves por su negativa a cumplir el mandato del Ejecutivo.

En un fallo emitido en pleno receso judicial, la magistrada de lo contencioso administrativo consideró que debe ser el Parlamento el que decida sobre el uso de fondos de la entidad monetaria, a tono con el reclamo de las principales fuerzas de oposición, que presentaron el amparo judicial a fines de diciembre y lo reforzaron la semana pasada.

“Vamos a apelar el fallo”, anunció el ministro del Interior, Florencio Randazzo, en referencia al dictamen firmado por la jueza que suspende el decreto “de necesidad y urgencia” que crea el Fondo del Bicentenario con reservas por 6.569 millones de dólares para pagar deudas soberanas.

Horas más tarde, la misma magistrada suspendió el decreto gubernamental que cesó a Redrado y ordenó su restitución al frente del Banco Central, cargo que en las últimas horas ocupó Miguel Ángel Pesce, cercano al oficialismo.

La jueza hizo lugar así a la acción de amparo que había presentado este viernes Redrado, quien minutos después de conocerse el fallo de Sarmiento ingresó a la sede de la entidad monetaria sin hacer declaraciones.

Tras negarse a habilitar el uso de reservas del Banco Central (48.100 millones de dólares), Redrado ratificó que no está dispuesto a renunciar como le pidió el miércoles el Gobierno de Fernández, quien al día siguiente lo cesó por medio del decreto firmado además por todos los ministros.

Los abogados de Redrado habían presentado ayer el recurso contra su destitución, al considerar que solo puede ser decidida por el Parlamento por más que haya sido designado a propuesta del Ejecutivo.