La Fiscalía Europea (EPPO) ha abierto sendas investigaciones sobre un total de siete contratos para conseguir material sanitario en plena pandemia que fueron adjudicados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid a dos empresas por más de 17 millones de euros, al ver indicios de que podría haber un sobrecoste que se traduciría en presuntos delitos de estafa y fraude.
A través de dos decretos del pasado 3 de junio, a los que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía Europea acuerda investigar una denuncia presentada el pasado mes de abril por el grupo parlamentario de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid donde se apunta a posibles irregularidades en los contratos concedidos a las sociedades Vindoré 24k y Air Global Media.
A Vindoré, dedicada a la comercialización de vinos espumosos a los que se añaden partículas de oro, se le habrían otorgado desde la CAM tres contratos entre marzo y abril de 2020 por un total de 7.740.000 euros para obtener material quirúrgico asistencial, de protección individual y de curas para abastecer al pabellón número 10 de IFEMA, donde se instaló un hospital de campaña para los enfermos covid.
En el caso de Air Global Media, que tendría como actividad principal la radiodifusión, habría conseguido cuatro contratos entre mayo y junio de 2020 para la adquisición de material quirúrgico asistencial y de curas, mascarillas y monos, tanto para el hospital de IFEMA como para los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), por un total de 10.060.500.
En ambos casos, los contratos se habrían tramitado mediante el procedimiento de emergencia, el órgano de contratación habría sido el SERMAS, y el órgano gestor habrían sido los órganos centrales y la subdirección general de gestión de los fondos europeos FEDER.
La Fiscalía Europea ha asumido la competencia de estas pesquisas porque, tras unas primeras comprobaciones, ha determinado que los siete contratos se nutrieron de fondos europeos, al tiempo que ha visto indicios de "un incremento artificial del precio" que podría ser constitutivo de delitos de fraude y estafa.
BENEFICIOS "DESMESURADOS"
Unidas Podemos detallaba en su denuncia, recogida por la EPPO, que Vindoré habría obtenido unos beneficios "desmesurados", teniendo en cuenta la partida de aprovisionamiento y, en particular, la referida a "otros gastos de explotación", que ascendería a 10.772.635 euros.
Aunque no se excluye que una parte de dichos pagos se pudieran corresponder con pagos de transporte, la denuncia explica que la CAM habría sufragado el flete de vuelos con material de protección sanitaria que podrían referirse al material suministrado por Vindoré, añadiendo que en cualquier caso el coste del transporte no sería por un importe tan elevado como 10 millones de euros.
Sobre Air Global, indicaba que habría multiplicado casi 50 veces su cifra de negocios durante el estado de alarma, advirtiendo de que podría haberse usado como sociedad instrumental para recibir los contratos de emergencia y ocultar el reparto de pagos de comisiones millonarias.
La Fiscalía Europea expone que, una vez iniciadas estas pesquisas, se centrará en "la comprobación de los hechos y la concreción de posibles indicios de la comisión de hechos delictivos, cuyos contornos aparecen en este momento difusos, sin que se disponga de elementos que determinen en este momento procesal la concreta imputación de ninguna persona".
