Dos semanas después del seísmo en Haití, se siguen recogiendo cadáveres entre los escombros y las agencias internacional aún carecen de un mecanismo regular de distribución de comida y agua a los miles de afectados.

Recogida de cadáveres, alimentación de la población refugiada, construcción de nuevos campamentos y retorno de la actividad económica son los enormes desafíos del gobierno y la comunidad internacional.

La cifra de muertos aún no está cerrada: el ministro del Interior, Antoine Bien-Aimé, dijo a Efe que la cifra de cadáveres es ya “cercana a los 150.000”, pero agregó que “aún quedan muchísimos bajo los escombros”.

Según Bien-Aimé, la recogida de muertos aún continúa porque en cada operación de desescombro, que se sucede con gran lentitud, aparecen nuevos cadáveres entre los cascotes.

Si bien el lunes el titular de Sanidad, Alex Larsen, cifraba en 120.000 los muertos, Bien-Aimé dio ayer esta nueva cifra contando los cadáveres recogidos por servicios del Estado, los gobiernos municipales y las propias familias, que en unos casos han enterrado a sus difuntos de inmediato y en otros los han transportado hacia el interior del país para hacerlo en sus lugares de origen.

El director general de la Policía Nacional, Mario Andresol, reconoció que una gran cantidad de muertos han sido enterrados sin ser debidamente identificados en fosas comunes, y ahora el gobierno ha pedido ayuda a la Policía Internacional (Interpol) para intentar avanzar algo en la identificación, si bien no explicó cómo podrá hacerse.

Andresol se refirió también a la situación de la seguridad en la ciudad: el cuerpo de policía que era de 5.000 agentes se ha visto reducido a solo 2.000 para todo Puerto Príncipe (cuya población se calcula cercana a los dos millones de personas).

Además, recordó que 4.000 presos están huidos de la Prisión Central desde el mismo día del terremoto y “probablemente escondidos en Cité Soleil”, el barrio más deprimido de Puerto Príncipe, dispuestos a delinquir pero sin pasar todavía a la acción.

En cuanto a las acusaciones contra la policía de disparar balas reales contra grupos de saqueadores, reconoció que eso ha existido, pero agregó que hay un oficial detenido y apartado de su cargo tras haberse demostrado su culpabilidad.

Los cientos de miles de personas sin techo –entre 700.000 y 800.000, según el ministro del Interior– no saben todavía cuáles son los planes del gobierno con ellos.

De momento, el gobierno va a distribuir unas 30.000 carpas, pero la Organización Internacional de Migraciones (OIM) ha alertado sobre la necesidad de no contentarse en ellas y de pasar a construir con material más sólido, sobre todo ante la temporada de lluvias que comienza en mayo.

Según los cálculos de la OIM, hay 200.000 familias (un millón de personas) que necesitan un nuevo alojamiento o bien reparar los daños en sus viviendas.

La alimentación para todos estos refugiados la están garantizando ellos mismos o sus vecinos, y las agencias internacionales no han conseguido establecer todavía un mecanismo de distribución de comida y agua regular para toda la población necesitada.

La ciudad dista mucho de tener un aspecto normal, con una gran cantidad de edificios caídos o peligrosamente inclinados, pero se ven signos tímidos de recuperación comercial.