No obstante, Suu Kyi –cuya reacción todavía se desconoce– puede apelar la sentencia ante el presidente de la máxima instancia judicial del país, su última oportunidad para salir en libertad después de casi siete años confinada.
Poco antes del mediodía local, un funcionario judicial colocó en el tablón de anuncios de la corte un aviso informando del fallo, pues la vista se celebró como es habitual a puerta cerrada.
Los jueces birmanos rechazaron el argumento de la defensa de que Suu Kyi fue juzgada y condenada por acoger en su casa a un ciudadano extranjero bajo una legislación de la Constitución de 1974, anulada por la Carta Magna aprobada en 2008.
Por contra, dieron la razón a la fiscalía, que durante todo el proceso ha insistido en que los artículos referentes a la seguridad nacional –que la activista presuntamente puso en peligro– siguen en vigor.
