La propuesta fue aprobada casi por unanimidad en los cantones (provincias) de habla alemana, mientras que fue rechazada en las regiones de lengua francesa.
La iniciativa, promocionada por el partido ultranacionalista y xenófobo UDC (Unión Democrática de Centro), el mismo que propuso la prohibición de construir minaretes en las mezquitas suizas, busca la expulsión automática de extranjeros que hayan cometido crímenes, sin tener en cuenta las circunstancias del hecho ni su entorno socio-económico.
La UDC se hizo famosa cuando en la campaña electoral del 2007 empapeló Suiza con carteles en los que se veían borregos blancos expulsando del territorio helvético a una oveja negra.
Unos carteles que recuperaron para esta campaña, en la que idearon otros en los que se identificaban distintos orígenes geográficos o nacionales con la delincuencia.
En los carteles se podían leer mensajes como "Ivan S. violador", "Ismir K. abusador social" o "Maurice C. pederasta", bajo el rótulo; "con la iniciativa podrán ser expulsados".
La lista de delitos que implicarán la expulsión automática van del asesinato al tráfico de drogas, pasando por el abuso de las ayudas sociales, y según el texto, estos sujetos serán expulsados de Suiza una vez juzgados sin que su caso sea estudiado de forma individual.
Los expulsados no podrán volver a la Confederación Helvética en periodos que varían de los 5 a los 20 años.
Para contrarrestar la propuesta de expulsión automática, el resto de formaciones de centro derecha decidió proponer un contra-proyecto, presentado por el propio Gobierno colegiado (Consejo Federal).
La contra-propuesta defendía la expulsión de extranjeros que hayan cometido delitos graves, pero respetando la Constitución Suiza, la Convención Europea de Derechos Humanos, y los acuerdos de libre circulación firmados con la Unión Europea.
Los miembros del Ejecutivo asumieron que no se podía ignorar el "miedo" y el descontento de la sociedad, que veía cada vez con peores ojos el hecho de que la mayoría de los reos sean extranjeros, e idearon una reglamentación respetuosa con el derecho internacional.
El Consejo Federal, además, quería evitar otra ola de protesta mundial como la que generó la prohibición de los alminares, algo, que tal vez no consiga, dado el hecho de que el contra-proyecto fue rechazado este domingo con el 54,2 por ciento de los sufragios.
La aprobación de la iniciativa de la UDC no ha sorprendido, ya que todas las encuestas mostraban que la mayoría de suizos estaban a favor de la iniciativa de la UDC, aunque se mantenía la incógnita sobre si el contra-proyecto iba a ser aceptado.
Una derrota que los partidos de derecha han achacado a la situación económica y a la izquierda, que promovían un doble "no", entendiendo que no debía en ningún caso "generalizarse" la expulsión de extranjeros, y que ésta significaba una "doble pena", algo muy restringido en amplia jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos.
Algunas voces ya han advertido de la dificultad de aplicar la norma, algo a lo que la UDC ha contestado rápidamente advirtiendo que no permitirá modificaciones a lo aprobado, y que descarta totalmente el estudio "caso a caso".
Organizaciones de ayuda a los inmigrantes, partidos de izquierda e incluso la Iglesia, tanto católica como protestante, lamentaron el resultado, solicitaron el estricto cumplimiento de la ley humanitaria internacional y se preocuparon por la imagen de Suiza en el mundo.
"Hoy es un día negro para los derechos humanos en Suiza", señaló Amnistía Internacional.
Ningún miembro del Gobierno se ha pronunciado hasta el momento sobre los resultados de ambas iniciativas.
