Con doce votos a favor y tres en contra, el Alto Tribunal anuló parcialmente la norma e interpretó algunos de sus puntos, con un fallo que, esencialmente, deja a discreción de los jueces el evaluar en cada caso si existe o no un legítimo impedimento que justifique la ausencia del mandatario y los ministros de las vistas.
El Constitucional puso fin al automatismo con el que los jueces debían aceptar el alegato de legítimo impedimento, siempre que el compromiso estuviera relacionado con las funciones del Gobierno, y que permitía aplazar una vista hasta seis meses.
De este modo, el Constitucional abre la puerta a que se retomen los procesos en los que Berlusconi está imputado por corrupción judicial y fraude fiscal, los conocidos como caso Mills y caso Mediaset, que habían quedado suspendidos a la espera del fallo de ayer.
En ambos procesos, Berlusconi se acogió a un “legítimo impedimento” para no acudir a las vistas, lo que llevó a los respectivos tribunales a pedir la intervención del Constitucional, al considerar que la norma violaba dos artículos de la Carta Magna.
A la espera de la decisión del Tribunal Constitucional conocida ayer, también había quedado suspendida la audiencia preliminar en la que se iba a decidir si se enviaba a juicio al jefe del Ejecutivo italiano por apropiación indebida y fraude fiscal en el llamado caso Mediatrade.
Desde distintos sectores se advierte, no obstante, de que sobre dichos procesos pesa la sombra de la prescripción, puesto que algunos de los jueces encargados de los casos han cambiado de puesto o de tribunal, lo que podría suponer tener que reiniciar los juicios desde el principio.
