Joaquín Benítez, ya alcalde en funciones de Aguadulce, ha informado a Europa Press que fue él quien elevó los hechos en cuestión a la Fiscalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Patrimonio Histórico de Sevilla, que como promotora de la querella que dio pie a las diligencias reclama para Isabel Ortiz nueve meses de cárcel y ocho años de inhabilitación para el ejercicio o empleo de cargo público a cuenta de posibles delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.
Según ha relatado, el 19 de octubre de 2005, cuando Isabel Ortiz aún ostentaba la Alcaldía que ahora ha recuperado, autorizó una licencia de obras en favor de un concejal socialista con destino a la construcción de "dos naves de engorde de pavos en suelos declarados rústicos" por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El mismo día en el que la entonces alcaldesa firmaba la licencia en cuestión, el arquitecto municipal y la Secretaría General del Consistorio habrían evacuado informes contrarios a tal licencia, según defiende el primer edil saliente.
El juicio, en el que el Ayuntamiento está personado como parte, se celebrará de cualquier modo el próximo 10 de junio, precisamente un día antes de que Ortiz tome nuevamente posesión como alcaldesa de Aguadulce.
