Torrijos dice que buscó el interés de Sevilla sin criterio economicista
Sevilla, 8 jun (EFE).- El saliente primer teniente de alcalde de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), ha declarado hoy a la juez que la venta de los terrenos de Mercasevilla se decidió sin criterios economicistas, para no especular y buscando el interés de la ciudad.
Torrijos ha declarado como imputado ante la juez de instrucción 6 y ha dicho que la venta fue aprobada por la Comisión Ejecutiva y la Junta General de Mercasevilla y luego por el pleno municipal, donde incluso el PP que ahora ejerce la acusación particular llegó a felicitar al equipo de gobierno.
La juez Mercedes Alaya mantiene imputadas a 16 personas por lo que ha calificado como "adjudicación fraudulenta" a Sanma, una filial de la constructora Sando, del concurso para la venta de los terrenos de Mercasevilla pese a que ofertaba 106 millones de euros frente a los 158 de su competidora Noga, por lo la magistrada cree que fue una operación "antieconómica y contraria al interés general".
Torrijos, vicepresidente de Mercasevilla y uno de los siete miembros de la Comisión Ejecutiva que aprobó la venta en enero de 2005, ha manifestado a la juez que la adjudicación se hizo mediante concurso y no subasta pública para no especular con el suelo, para no actuar por "criterios economicistas" y buscando "el interés general de la ciudad".
Además, ha asegurado que "tenía datos de que Mercasevilla estaba empezando a salir de la crisis" en que había estado sumida unos años antes, han dicho a los periodistas abogados personados en la causa durante un receso de la declaración.
El teniente de alcalde ha dicho que siempre se basó en el consejo de los técnicos municipales y de la empresa estatal Mercasa y ha negado ser el artífice o el "ideólogo" de la cláusula que eliminó del concurso las ofertas con "alzas temerarias", lo que según la acusación pudo beneficiar a la adjudicataria.
En otro momento de su declaración, Torrijos ha respondido a la juez que las diferentes supuestas irregularidades que se imputan al proceso habrían requerido un acuerdo "cuasi mágico" entre todos los imputados.
Torrijos, según los abogados personados, ha respondido con tranquilidad a todas las preguntas de la juez en un interrogatorio que comenzó a las 9.45 horas y que se detuvo cuatro horas después para un breve receso.
Su abogada, Encarnación Molino, ha hecho constar en diversas ocasiones su protesta por la manera en que se recogían en acta las declaraciones del saliente primer teniente de alcalde.
Veinte abogados, en representación de las defensas y las acusaciones particulares, asisten a la comparecencia que tiene lugar en el despacho de la juez.
La llegada de Torrijos al edificio de los juzgados ha estado acompañada de gran expectación de medios informativos y con el político alentado por algunos simpatizantes que se han acercado a saludarle.
Según el auto de imputación de Torrijos, este tuvo una "responsabilidad y activa participación", como vicepresidente y miembro de la comisión ejecutiva de Mercasevilla en los asuntos de la referida Unidad Alimentaria e indiciariamente y "de modo especial en el proceso de adjudicación de la totalidad de los terrenos de la misma a Sanma".
ANTECEDENTES
La participación activa o no del hasta ahora primer teniente de alcalde de Sevilla en la adjudicación de los terrenos de Mercasevilla a Sanma en lugar de al Grupo Noga será la clave de la declaración hoy de Antonio Rodrigo Torrijos ante la jueza Mercedes Alaya, que le imputa un delito societario en una de las numerosas ramas en las que se ha dividido la causa del mercado central hispalense.
Torrijos deberá responder tanto a las preguntas de la magistrada como de las partes personadas en esta causa por las irregularidades en la venta de suelo de Mercasevilla, puesto que la jueza le atribuye una “responsabilidad y activa participación” en esta venta e “indiciariamente y de modo especial” en el concurso que ganó Sanma, filial de Sando, a pesar de que el grupo Noga concurría con una oferta inferior.
La imputación de Rodrigo Torrijos, que suscitó las críticas de IU al hacerse pública justo antes del comienzo de la campaña electoral, deriva de la denuncia de la Asociación de Mayoristas de Frutas y Hortalizas, que considera que desarrolló “una intensa actuación en el proceso de adjudicación de los terrenos”, como miembro del consejo de administración de Mercasevilla y de su comisión ejecutiva, el órgano que llevó el peso del procedimiento adjudicatario.
De hecho, esta denuncia fue asumida casi íntegramente por la jueza Alaya, que tratará de conocer cuál fue su grado de participación en el diseño del concurso y su papel a la hora de optar por una adjudicación a un precio menor, puesto que ninguno de los imputados ha aclarado hasta la fecha de quién partió esa idea.
Será la propia magistrada la que comience el interrogatorio a Torrijos, que tendrá derecho a no declarar o a contestar a las preguntas que estime conveniente, interrogatorio que ayer se encontraba preparando con su letrada Encarnación Bonilla.
Al ser enjuiciado por un delito societario, sólo pueden personarse los socios, en este caso, el Ayuntamiento, Mercasa (que no es parte), la entidad (Mercasevilla) y los accionistas (denunciantes), claves a la hora de que el proceso contra él continúe adelante.
Tanto el Ayuntamiento como Mercasa no han pedido la imputación de Torrijos, pero la victoria electoral del PP (hasta ahora personado como acusación particular en otras ramas) puede modificar el procedimiento, ya sea por la propia línea de imputación como por la responsabilidad de los hechos, que incluiría al propio Consistorio.
La especulación como centro de la defensa
Desde que se conoció su imputación, Antonio Rodrigo Torrijos ha insistido, ya sea directamente o a través del grupo municipal de IU, en que sólo quiso evitar la “especulación inmobiliaria” que se planteaba ante la venta de suelo de Mercasevilla.
Según su argumentación, mantenida hasta la fecha, una adjudicación de suelo público debe obedecer a “criterios sociales y no sólo económicos”. Insistía IU en que Torrijos “no formó parte en ningún momento del equipo de redactores del pliego de condiciones que sirvieron para el concurso público, ni, por supuesto, de la mesa de contratación que fue la que adjudicó los suelos a la empresa resultante”.
Añadían que “el procedimiento contó con todos los avales técnicos, jurídicos y funcionariales que conformaron una decisión transparente, legal e impecable” y que los pliegos de licitación y la adjudicación se aprobaron por unanimidad en el consejo de administración, en el que estaban representados PSOE, PP, PA e IU.
El toque de atención de la Fiscalía
La Fiscalía de Sevilla solicitó el pasado 19 de abril que se citara con urgencia a Antonio Rodrigo Torrijos y a Manuel Marchena, gerente de Urbanismo, para evitar su indefensión (al no tener conocimiento de los delitos que se les imputaban), para que no prescribieran los delitos societarios y para que la instrucción no fuera considerada nula. La jueza no contestó hasta el 1 de junio y lo notificó ayer martes 7.
