La portavoz de Vivienda del PP-A en el Parlamento andaluz, Alicia Martínez, ha criticado que la Junta de Andalucía pretenda finalizar el Plan Concertado de Vivienda teniendo en cuenta que en provincias como Sevilla "sólo" se han calificado 10.964 viviendas protegidas de las 30.427 viviendas previstas, lo que supone alrededor de una tercera parte.

Martínez ha explicado a Europa Press que las políticas de vivienda andaluzas se encuentran "absolutamente paralizadas", tanto en promoción de viviendas de protección oficial (VPO), como en concesión de ayudas o rehabilitación desde diciembre de 2010, cuando se produjo "el recortazo de ayudas por parte del Gobierno".

Así, advierte de la "importante sangría" para el empleo proveniente del sector de la construcción en la provincia y ha calificado 2010 como el "peor año" para la promoción de VPO. Martínez ha apuntado a una reducción del 72 por ciento en las calificaciones con 3.110 en Sevilla de las 8.743 calificaciones provisionales realizadas en Andalucía.

En este marco, lamenta que la Junta "tampoco" promueva vivienda pública, con "apenas" 66 viviendas en Andalucía de las que 18 son calificaciones provisionales en Sevilla en 2010.

Martínez añade que la planificación mencionaba el desarrollo para la provincia de Sevilla de vivienda protegida nueva, en venta y alquiler de 30.427 viviendas, de las que se han calificado 10.964, un tercio, mientras que a nivel andaluz era de 132.800. "¿Y en esta situación pretenden dar por finalizado el plan?, se pregunta la diputada, que incide en que "se han quedado sin dinero para acometer las que faltan, sin ayudas del Estado y ante esto dicen que el plan ha terminado y que abordaran uno nuevo que preste más atención al alquiler y rehabilitación".

Además, advierte de que los ayuntamientos de la provincia de Sevilla carecen de ayudas a la rehabilitación autonómicas porque están "suspendidas desde 2010 y no se han convocado en 2011", al igual que las de alquiler.

En este contexto, insta a exigir al Estado que cumpla su compromiso de financiación del plan, además de "impulsar nuevas medidas en política de vivienda que primen sobre todo a las personas y concentren las ayudas a las personas que necesitan acceder a un vivienda".

"El plan se firmó con el Estado y la Junta, pero el Gobierno rompió su convenio y recortó la parte que le correspondía y es necesario reclamar que pague la deuda que tenía firmada sin permitir dar carpetazo al plan sin que éste se haya cumplido", sentencia.

Igualmente, insiste en la necesidad de facilitar la financiación a los ayuntamientos para poner a disposición de los sevillanos "viviendas asequibles", además de favorecer un nuevo convenio de financiación que se "comprometa con el stock de vivienda de bancos y promotores y con el desarrollo de un tipo de vivienda que dé respuesta a nuevas familias y jóvenes".