El secretario ejecutivo de Libertades Públicas del PSOE, Álvaro Cuesta, considera que promover una huelga de jueces para el próximo 10 de febrero es “incurrir en actitudes irresponsables y antisistema” y, además, está convencido de que la amenaza de paros pesó en el ánimo de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que decidieron mantener la sanción de 1.500 euros al juez Rafael Tirado.
En una entrevista con Europa Press, el dirigente socialista se refería así a la decisión del CGPJ de mantener una multa de 1.500 euros como sanción al juez Rafael Tirado, responsable del juzgado sevillano que no ejecutó la pena de prisión por pederastia dictada en 2002 contra Santiago del Valle. Del Valle siguió en libertad y presuntamente asesinó a la niña de Huelva Mari Luz Cortés a principios de 2008.
“En la famosa decisión que tanto nos ha escandalizado subyacía también un cierto pánico a los movimientos subterráneos de algunos sectores de la judicatura amenazando con una huelga. Creo que (los vocales) han sido débiles en su resolución porque han sido permeables a la amenaza”, manifestó.
Además, subrayó que las asociaciones judiciales “tampoco controlan” el movimiento que está a favor de la huelga, “demuestran que tienen un cierto miedo y son reacias a exigir una responsabilidad en esta materia”. Las asociaciones judiciales se reunirán hoy para analizar las reivindicaciones de los jueces ante la posible convocatoria de huelga.