Esta medida, que no fue anunciada por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en el Consejo de Ministros del pasado viernes 30 de diciembre, forma parte del decreto de ajuste del Gobierno publicado al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado.
Los 100.000 millones de euros servirán para avalar "emisiones de bonos y obligaciones nuevas que realicen las entidades de crédito residentes en España con una actividad significativa en el mercado de crédito nacional", indicó De Guindos en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press.
El titular de Economía explicó que dichos avales servirán para que las entidades acudan a las subastas de liquidez del Banco Central Europeo (BCE), dado que la banca española tiene "enormes dificultades de financiación en los mercados de capitales".
El ministro recalcó que "si no se hiciera así, sería un acto de irresponsabilidad" que llevaría a la economía española a una situación absoluta de cierre de crédito", y recordó que la banca pagará una cantidad importante por esos avales que utiliza.
SANEAR ACTIVOS INMOBILIARIOS.
Asimismo, De Guindos ha recalcado la necesidad de sanear los activos ligados al sector inmobiliario de la banca y la importancia de una nueva ronda de consolidación entre entidades para reactivar el crédito. "La reforma financiera va a ser importantísima; en las próximas semanas debemos tener un esquema de actuación claro y transparente", dijo.
Respecto a la posibilidad de crear un 'banco malo' que aglutine los activos tóxicos del sector financiero ligados al ladrillo, el ministro dijo que lo importante no es el instrumento que se emplee, sino el objetivo de minimizar el impacto del saneamiento sobre las cuentas públicas.
"Tiene que minimizarse el impacto del saneamiento bancario sobre los contribuyentes, y ese va a ser el principio básico y que va a guiar la reforma del sector financiero", argumentó.
Por otro lado, respecto a la tasa a las transacciones financieras, De Guindos dijo que se está negociando en el ámbito europeo, e incidió en que dicha tasa no ha de trasladarse a los usuarios de los bancos.
