En un auto notificado hoy a las partes, la juez de instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, ha acordado también citar para el 20 de marzo a Juan Francisco Trujillo, chófer del ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero, quien declaró que con parte de las ayudas compró cocaína para su jefe.
La juez cita para el 9 de mayo a Juan Rodríguez Cordobés, exdelegado de la Consejería Empleo en Sevilla, que figura como intruso en uno de los ERE investigados, así como a varios beneficiados de pólizas de Aglomerados Morell y de la empresa Acyco.
La juez del caso ERE aplaza la declaración de Guerrero hasta el 7 de marzo
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía, ha aplazado hasta el próximo 7 de marzo la declaración como imputado del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, prevista inicialmente para este jueves 23 de febrero, han informado a Europa Press fuentes judiciales.
El abogado de Guerrero, Fernando de Pablos, ya avanzó este martes a Europa Press que había solicitado a la juez Alaya el aplazamiento de la declaración de su defendido hasta dentro de una semana o diez días con el objetivo de poder estudiar "detenidamente" toda la información contenida en los cerca de 2.600 folios de los que se componen los nuevos siete tomos trasladados a las partes personadas en el caso.
Guerrero prestó precisamente este martes declaración por espacio de cuatro horas y media en el cuartel de la Guardia Civil de la avenida de Eritaña, en Sevilla, en el marco de la investigación promovida por la juez Mercedes Alaya a cuenta de la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas financiadas con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. Se trata de la segunda ocasión en la que Guerrero comparece ante los agentes de la Guardia Civil que, por orden de la juez Alaya, investigan este asunto.
A la salida de esta última declaración, Guerrero no comentó ningún detalle de su comparecencia a los medios de comunicación que le esperaban a las puertas del cuartel, mientras que su letrado, cuestionado por el contenido de la declaración de su patrocinado, se limitó a decir que le habían preguntado sobre "lo mismo", aunque todo apunta a que podría haber sido interrogado acerca de la parte del caso referente a la declaración del exchófer, quien confesó que parte de los 900.000 euros que recibió en subvenciones otorgadas por la Junta los destinó a comprar cocaína "para su jefe y para él".
VÍSPERA DEL INICIO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL
El aplazamiento de la declaración de Guerrero ante la juez Alaya hasta el 7 de marzo supone que tendrá lugar en la víspera del inicio de la campaña para las elecciones autonómicas, que arranca oficialmente en la medianoche del jueves 8 al viernes 9 de marzo. En un auto, la magistrada precisó que la declaración "se circunscribirá al contenido de los atestados recibidos y de las declaraciones judiciales tomadas hasta la fecha, sin perjuicio de que pueda ampliarse con las diligencias previas de los juzgados de Andújar", dentro de las cuales el exchófer de Guerrero confesó que parte de los 900.000 euros que recibió en subvenciones otorgadas por la Junta los destinó a comprar cocaína "para su jefe y para él".
En este sentido, la juez notificó recientemente un auto a las partes en el que asumía la investigación en torno a la compra de cocaína con dinero público, una cuestión ésta sobre la que podrá interrogar a Guerrero, quien, el pasado mes de enero, declaró durante seis horas ante la Unidad Central Operativa (UCO) de Policía Judicial de la Guardia Civil y señaló que, tras su salida de la Consejería de Empleo, "tiene conocimiento" de que "se han destruido" documentos a raíz de que surgió el "escándalo" de los ERE de Mercasevilla.
Durante su declaración como imputado por un presunto delito contra la hacienda pública, a la que ha tenido acceso Europa Press, Guerrero fue cuestionado acerca del hecho de que los expedientes de ayuda carezcan "en muchos casos" de tramitación administrativa alguna, a lo que contestó que hasta abril de 2008, cuando dejó su cargo, los expedientes "iban completos".
RESPONSABLE DE "VELAR" POR QUE LOS EXPEDIENTES ESTUVIERAN COMPLETOS
No obstante, "tras su salida han pasado" dos nuevos directores generales --Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, ambos imputados por la juez instructora-- y "tiene conocimiento por funcionarios que no quiere identificar que se han destruido documentos a partir de que surge el escándalo de los ERE fraudulentos en Mercasevilla", tras lo que añadió que el responsable de "velar" por que los expedientes estuvieran completos era él.
En este sentido, "tuvo la colaboración" de un asesor externo contratado por la Fundación Pública Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), en concreto el diputado socialista Ramón Díaz, aseveró Guerrero, quien dijo también que "todo lo relacionado con las ayudas y su tramitación era conocido y despachado en el Consejo de dirección semanal", e incluso "algunas de las ayudas, por su entidad, eran despachadas personalmente con el consejero y el viceconcejero" de Empleo, lo que ocurrió con los ERE de Faja Pirítica, Delphi o Astilleros.
Los agentes también le preguntaron por "los procedimientos que se han seguido para comprobar desde la Consejería que, con las ayudas, efectivamente se favorecía el mantenimiento o desarrollo del empleo", aspecto sobre el que Guerrero aseguró que su departamento "no tenía capacidad de control", ya que "carecía de personal y medios para ello", agregando incluso que "nadie realizaba ese control; sabían que algunas empresas, aunque se le diera dinero, iban a cerrar, como Santana Motor o la Faja Pirítica de Huelva".
"IRREGULARIDADES" DETECTADAS POR LA INTERVENCIÓN GENERAL
Preguntado por los "efectos" que causaban en la Consejería del ramo los "reiterados" informes por los que la Intervención General de la Junta "ponía de manifiesto las irregularidades observadas en la concesión de las ayudas", el imputado señaló a los agentes del Instituto Armado que desconocía estos informes, "que llegaban al consejero, pero a él no se lo trasladaban".
Al hilo de ello, Guerrero aseguró que, dentro de su departamento, "intentaron regular la forma de concesión de las ayudas a través de órdenes y borradores que nunca prosperaron y que se llevaron al consejillo, al que acudían los viceconsejeros y que presidía" el entonces consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, a pesar de lo cual "nunca se trataron".
En relación con el ERE de Surcolor, el exdirector general de Trabajo consideró "raro" que no conste un expediente como tal para la adjudicación de la ayuda librada, pues "no ha concedido una sola ayuda sin expediente administrativo", y aseguró que el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas --imputado también en esta causa--, "como autoridad laboral, era competente para resolver el ERE", y el entonces viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, "tenía conocimiento de la tramitación del expediente y de la fórmula que se estaba siguiendo" para la concesión de esa ayuda.
"SI ALGUIEN PEDÍA AYUDA, SE LE AYUDABA CON UNA PÓLIZA"
Sobre la inclusión en el ERE de dos personas que "nunca habían trabajado" en Surcolor, Guerrero dijo que "se está enterando en este momento de la inclusión de estas dos personas", añadiendo que, "en general, si alguien le pedía a nivel particular que le ayudara, no le importaba su afiliación política ni vecindad, y se le ayudaba con una póliza". Citó en este punto el caso de un 'intruso' que, en un acto en Camas, "le planteó su caso, por lo que le pidió su documentación y observó que cumplía los requisitos para ser receptor de una ayuda y se la dio".
Reconoció que "han podido ser discrecionales en la concesión de las ayudas, pero no arbitrarios, porque han ayudado a todo el que se la pedía", y ha explicado que "informaba de estas ayudas individuales y las circunstancias de la concesión al consejero y al viceconsejero" de Empleo.
