El Gobierno de Mariano Rajoy asegura haber rechazado un total de 49 peticiones de indulto durante 2013 por delitos contra la Administración Pública y de Justicia y garantiza que aquellos que sí concedió de forma "puntual" no afectan a su objetivo de "erradicar la corrupción".
Ésta es la respuesta que el Ejecutivo ha dado a la portavoz nacional de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, quien quería conocer los motivos que llevaron al Gobierno a indultar el pasado 3 de septiembre a una condenada a tres años de prisión por malversación de bienes públicos.
En concreto, se trata de María Dolores Mateos Sánchez, miembro de la dirección del PSOE en un barrio de Sevilla y colaboradora de un diputado autonómico socialista imputado en el caso del escándalo de los ERE en Andalucía.
La formación magenta pedía saber las razones de justicia, equidad o utilidad pública para conceder dicho indulto, e instaba, además, al Gobierno a pronunciarse sobre si este tipo de indultos son "compatibles" con su discurso de regeneración democrática y lucha contra la corrupción.
"NUMEROSOS FACTORES" PARA CONCEDERLO
En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo explica que acordó el indulto de Mateos Sánchez "absolutamente de acuerdo" con el parecer manifestado tanto por el Tribunal sentenciador como por el Ministerio Fiscal, que en sus informes favorables a la concesión de esa medida de gracia resaltaban el tiempo transcurrido desde la comisión del delito y la posibilidad de propiciar la suspensión de la condena a fin de evitar su ingreso en prisión.
Además, apunta que para la concesión del indulto se tuvieron en cuenta "numerosos factores", entre los que destaca la ausencia de antecedentes penales y policiales, la íntegra satisfacción de las responsabilidades civiles impuestas en sentencia, así como el mencionado informe favorable por parte del Tribunal Sentenciador y del Ministerio Fiscal.
Dicho esto, el Gobierno deja claro en su texto que el indulto no supone una "exoneración" de la "gravedad" de los delitos cometidos, ni de su "importancia", ni del "reproche social" que "merecen" tales hechos.
SON DELITOS "RECRIMINABLES"
"Delitos como el de malversación son recriminables por parte de la sociedad, pero la concesión del indulto tiene la capacidad de moldear los posibles efectos penitenciarios sobre los condenados --subraya--. No se indulta el delito, pues el delito ha sido cometidos y así se ha dictado en sentencia judicial firme, lo que se indulta es una parte de la condena impuesta".
Además, el Gobierno subraya que la medida de gracia de la citada socialista es un caso "puntual y parcial" y que, en cambio, en 2013 rechazó 49 indultos por delitos contra la Administración Pública y de Justicia, si bien no precisa cuántos acabó concediendo. En todo caso, el Ejecutivo insiste en que estas medidas puntuales no afectan a su propósito de erradicar la corrupción.
El Gobierno tiene sobre la mesa para próximas semanas algunas famosas peticiones de indulto por este tipo de delitos, como la del exministro y expresidente balear Jaume Matas, que el ministro Alberto Ruiz Gallardón a priori no ve motivo para conceder; del exalcalde de Torrevieja (Alicante), Pedro Hernández Mateo, y del expresidente del Sevilla C.F., José María del Nido, en su caso avalado por buena parte de los clubes de la Liga.
