Los 18 magistrados que integran la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han decidido este viernes que aquellos recursos que se planteen contra el archivo de la docena de causas que aún permanecen abiertas por la comisión de delitos de lesa humanidad, sean revisados por el Pleno del Tribunal, han informado fuentes jurídicas.
Esta cuestión ha sido debatida y aprobada por unanimidad durante la celebración de un Pleno ordinario en el que el presidente de la Sala, Fernando Grande Marlaska, ha planteado la aplicación de la reforma que limita la justicia universal a los sumarios investigados en los distintos juzgados de instrucción.
La limitación de la justicia universal, aprobada por Congreso y Senado a partir de una proposición de ley del Grupo Popular tramitada con carácter de urgencia, obliga a que los procedimientos por genocidio o lesa humanidad tengan que dirigirse contra un ciudadano de nacionalidad española o extranjero que resida en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas. También será requisito imprescindible que exista una querella del agraviado o del Ministerio Fiscal.
Tres magistrados de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, Ismael Moreno y Eloy Velasco, se han dirigido ya a las partes personadas en las causas que investigan sus juzgados para preguntarles si procede el archivo de las investigaciones.
En concreto el juez Andreu ha ido un paso más allá y ha preguntado a la Fiscalía y el resto de partes si debe plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre la reforma legal que limita su aplicación o, por el contrario, debe archivar los procedimientos.
POSTURA DE LA FISCALÍA
La Fiscalía se ha pronunciado también sobre la cuestión en dos escritos, relativos a la causa sobre la muerte en Irak del cámara José Couso y la instrucción contra China por el genocidio que se habría producido en el Tíbet. En ellos ha solicitado el cierre de los sumarios y defendido que debe ser la Sala de lo Penal, órgano superior jerárquicamente al instructor, la que valore si procede llevar al Tribunal Constitucional la reforma que limita la justicia universal.
La acusación pública recuerda que el sobreseimiento provisional de las actuaciones corresponde a la Sala de lo Penal, encargada del enjuiciamiento de los hechos, y no al juez instructor.
