El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado el próximo 24 de noviembre como imputado al exalcalde de Toledo José Manuel Molina (PP), en la causa en la que investiga la adjudicación en 2007 de un contrato de basuras a la empresa Sufi, filial de Sacyr, que se realizó, según el extesorero Luis Bárcenas, a cambio de una donación de 200.000 euros para financiar la campaña de la presidenta de la formación, María Dolores de Cospedal.
Ruz, que investiga en una pieza separada del 'caso Gürtel' la supuesta contabilidad B del PP, cita como testigos para el mismo día al actual alcalde de la ciudad y secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, al diputado nacional Sebastián González (PP) y al entonces entonces viceinterventor del Ayuntamiento de Toledo, Francisco Javier Sánchez Rubio.
Molina, que era alcalde de la ciudad cuando se aprobó una modificación del contrato que, según la Intervención General del Estado (IGAE), supuso un sobrecoste de 11,3 millones de euros y no siguió los requisitos legales, está imputado por los delitos contra la administración pública de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
El magistrado apunta que todos ellos participaron en la concesión del contrato en alguna de sus fases, según la reconstrucción de los hechos efectuada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal que ha analizado la adjudicación partiendo de "las entregas de dinero en efectivo por un total de 200.000 euros efectuadas por Bárcenas al gerente del PP, el gerente José Ángel Cañas".
El auto concreta que Molina, participó en la Junta de Gobierno en la que se ratificó el contrato y especifica que otro de los citados, Sebastián González, fue identificado por Bárcenas como la persona que presuntamente habría trasladado el supuesto interés por parte de María Dolores de Cospedal de plantear "un tema relacionado con el señor Molina y algo relacionado con Toledo".
Ruz advierte de que realizará todas las diligencias de instrucción necesarias "para completar la investigación de los hechos" antes de decidir si se inhibe de este asunto a los juzgados de Castilla-La Mancha.
CINCO TRABAJADORES
El magistrado también tomará declaración como testigos, un día después, a cinco trabajadores de la empresa adjudicataria del contrato. Pedro Sigüenza Hernández, María de la O Terciado, Pedro Caballero, Manuel Fueris y Juan Carlos Uzán están citados el 25 de noviembre a partir de las diez de la mañana.
Ha concedido un plazo de tres días a los dos testigos que gozan de la condición de aforados, el diputado González Vázquez y el senador García-Page, para que le comuniquen si están dispuestos a desplazarse a la Audiencia Nacional para declarar o prefiere acogerse a su derecho a hacerlo en su despacho oficial.
Además, requiere al PP para que "a la mayor brevedad" y como máximo en cinco días, aporte a su Juzgado los estatutos o normas de régimen interno vigentes en los años 2006 y 2007 en la formación en Castilla-La Mancha.
El juez Ruz investiga una donación de 200.000 euros que, según el extesorero del PP Luis Bárcenas, la empresa Sufi, filial de Sacyr, realizó al PP de Castilla-La Mancha a cambio de la adjudicación del contrato de recogida de basuras de la ciudad de Toledo, inicialmente previsto con un coste de 6,13 millones de euros anuales durante un periodo de diez años.
Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) encargado por el magistrado revela que el coste del contrato se elevó en 11,3 millones de euros, "omitiendo el procedimiento legalmente estableciendo y careciendo de los informes preceptivos, por lo que se podría considerar nulo de pleno derecho".
En su declaración ante el juez Ruz del pasado 15 de julio de 2013, Bárcenas vinculó este contrato a una donación para sufragar la campaña de la candidata del PP de Castilla-La Mancha y secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal. El extesorero dijo que las entregas de dinero que recibía el PP "jamás fueron finalistas, salvo una, en Castilla-La Mancha".
Según el extesorero, Cospedal se encargó de poner en contacto al entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero, y el consejero delegado de la firma y actual presidente, Manuel Manrique, con Vicente Tirado, secretario general del PP de Castilla-La Mancha.
El gerente del PP castellano-manchego, José Ángel Cañas, se encargó de redactar en febrero de 2007 un recibí por importe de 200.000 euros aunque aseguró ante el juez Ruz que lo hizo "al dictado" de Bárcenas, al que llegó a calificar de "violento", y sin llegar a percibir nunca ninguna cantidad.
