El secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, cree que, en la actualidad, "está en juego el prestigio y la salud democrática del Estado español" en lo que respecta al tema del cómputo de las penas cumplidas por presos de ETA en otros países de la UE.
Fernández se ha referido, de esta forma, al hecho de que el Tribunal Supremo haya convocado para este martes un Pleno jurisdiccional en el que debatirá sobre la aplicación de la nueva normativa de acumulación de penas a presos de ETA y fijará un criterio unificado para el cálculo de la liquidación, después de que casi medio centenar de reclusos hayan solicitado que se calcule, de nuevo, su fecha de salida de prisión.
En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el secretario de Paz y Convivencia ha manifestado que "hay una directiva europea que promueve que, cuando un preso ha cumplido años de condena en un país de la Unión Europea, pueda terminar de cumplir su condena en España y que, además, cuando los delitos tienen relación, los años de condena cumplidos en un país europeo, se computen en tu propio país".
En este sentido, ha dicho que el Estado español "tiene que trasponer esta directiva a la legislación española". "Entre tanto, el TS, hace unas semanas, establece una interpretación y una aplicación de esa directiva y la empieza a aplicar en el caso de Urrusolo. Por lo tanto, hay ya una decisión tomada, no de un tribunal cualquiera, sino del Tribunal Supremo, que ha establecido cómo debe interpretarse y aplicarse esa directiva europea", ha añadido.
Jonan Fernández ha indicado, que, a posteriori, el PP ha realizado una maniobra en el Senado, "y declarando que había sido construida por el Ministerio de Interior y de Justicia, introduce unas enmiendas de última hora a esa trasposición de la Ley, para impedir que esa lectura e interpretación de la directiva europea se pueda llevar a efecto".
"Este tipo de prácticas no son normales ni aceptables. Tiene que haber una separación de poderes y respeto al papel de los tribunales y mucho más si estamos hablando del Tribunal Supremo", ha indicado. Asimismo, ha destacado que le consta que "hay malestar en la Judicatura por esta injerencia del Ejecutivo en su ámbito, en su competencia, y va a ser interesante ver qué ocurre en los próximos días y semanas".
REINSERCIÓN
A su juicio, "en materia de política penitenciaria, hay algunos sectores que creen que una postura vindicativa, tiene premio electoral". "Creo que se equivocan, que no es así, pero, en todo caso, está habiendo una explotación de esa posición que no tiene amparo legal porque la Constitución dice que debe promoverse la reinserción; es decir, que el fin de la pena es la reeducación y la resocialización del preso", ha manifestado.
Por ello, considera que "orientar la política penitenciaria a la reinserción es un mandato constitucional, pero mucho más cuando, como en nuestro caso, ha desaparecido el riesgo de reincidencia". "Este dato es fundamental para reorientar la política penitenciaria. No es un capricho decir que hay que modificar la política penitenciaria", ha aseverado.
Para Fernández, "el dato determinante es que no hay riesgo de vuelta atrás ni de reincidencia, según las Policías, los servicios secretos, etc". "Por lo tanto, procede y es pertinente una modificación y una normalización de la política penitenciaria y una vuelta a postulados no excepcionales", ha concluido.
