El conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, ha anunciado este miércoles que el Govern ha alcanzado un "acuerdo interpretativo" con el Gobierno central para que retire el recurso contra las leyes de vivienda que aprobó el Parlament la legislatura pasada y que están suspendidas por el Tribunal Constitucional (TC).

En declaraciones a los medios, ha explicado que se trata de la Ley 24/2015 y la 4/16 sobre emergencia habitacional, aunque ha lamentado que no es una "retirada total", sino parcial porque el Gobierno mantiene el recurso en algunos puntos que considera que son de su competencia.

Concretamente, el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene el recurso en los artículos 1 y 2, y en la disposición transitoria primera, que abordan subrogaciones de hipotecas y daciones en pago, entre otras cuestiones.

Calvet ha celebrado este acuerdo y ha reivindicado que el Govern no ha "tocado ni una coma de las leyes", aunque ha reconocido que querían una retirada total del recurso.

Este acuerdo se formalizará en las próximas semanas en la subcomisión bilateral entre la Generalitat y el Estado, se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc), y se elevará al Consejo de Ministros para que apruebe la retirada del recurso de inconstitucionalidad que puso el anterior Gobierno de Mariano Rajoy.

"TRES FRENTES"

El conseller ha destacado la importancia de que la Generalitat recupere estas leyes porque permitirá al Govern "actuar de manera inmediata y efectiva para disponer de mejores instrumentos en materia de vivienda".

Con la retirada del recurso, la Generalitat tendrá capacidad para "actuar en tres frentes" que ve fundamentales: mediar en caso de desalojo; expropiar temporalmente viviendas de grandes tenedores que lleven dos años vacías, y los bancos tendrán la obligación de realojar a las personas desahuciadas con un alquiler social.

Así, el Govern podrá establecer una mediación entre los grandes propietarios de vivienda y las familias afectadas para evitar el desahucio, pese a que se trata de una mediación voluntaria.

Sobre la expropiación, Calvet ha aclarado que no se refiere a viviendas privadas, sino que se aplicará en el usufructo de viviendas de "grandes propietarios".

REALOJO OBLIGATORIO

Calvet ha apuntado que la parte más importante de la ley para "evitar desahucios en Catalunya" es que los bancos tendrán la obligación de realojar a las personas desahuciadas con un alquiler social, es decir, que se podrán quedar en el mismo piso pagando un alquiler social.

Ha afirmado que el precio de este alquiler social es el que ha generado más discusión con el Gobierno y finalmente el acuerdo establece que el Ejecutivo catalán deberá desarrollar una normativa que fije estos precios.

Sin embargo, ha insistido en que este precio se adaptará a "los módulos de protección oficial y la situación económica de las personas afectadas".