El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez se ha definido ante el tribunal que juzga el proceso independentista en Cataluña como un "preso político" y considera que el juicio en el Supremo también es un proceso "político", pero ha dicho que va a dar al tribunal la "oportunidad" de demostrar su imparcialidad.
Con un lazo amarillo en la solapa de su chaqueta, y una vez ha manifestado sus quejas con respecto al idioma en que va a declarar, Sánchez ha dicho que está "convencido de que todos los hechos" de los que le acusa la Fiscalía son "absolutamente falsos" y, por eso, no tiene ningún "temor a responder", pues su "obligación es dar respuesta a la verdad".
Después de recordar que el Tribunal Supremo se define como imparcial, el acusado ha adelantado que contestará durante su comparecencia a Fiscalía y Abogacía del Estado --no así a la acusación popular que ejerce Vox-- porque quiere "dar la oportunidad" de mostrar esa imparcialidad. "No tengo ningún temor a poder responder y ofrecer la verdad", ha manifestado.
Sànchez, el décimo acusado en ser interrogado, ha comenzado a declarar en el juicio poco después de las 11.15 horas. Tras sentarse a la mesa destinada a los comparecientes, justo enfrente de los magistrados, el también diputado de JxCat --suspendido tras su procesamiento por rebelión-- ha comenzado su intervención lamentando que el tribunal no haya accedido a una traducción simultánea del catalán.
Como el resto de acusados, Sànchez ha renunciado a la traducción consecutiva y ha desdeñado los argumentos que esgrimió el primer día del juicio el presidente del tribunal, Manuel Marchena, sobre las razones emocionales que puede haber para querer declarar en catalán. "Mi derecho no es poderme expresar respecto a mis sentimientos, sino defenderme ante una acusación injusta", ha señalado.
En este sentido, ha reivindicado que tiene "el mismo derecho que cualquier ciudadano a usar" su lengua materna porque con ella puede "ofrecer una mayor naturalidad en la defensa" de sus planteamientos. Y al mismo tiempo, ha lamentado que el tribunal haya "perdido una oportunidad de hacer pedagogía de lo que es un Estado plurinacional". "Si tuviéramos una actitud distinta de las autoridades del Estado, este juicio no tendría sentido", ha apuntado.
El Ministerio Público solicita para Sànchez 17 años de prisión por un delito de rebelión. La Abogacía del Estado rebaja su petición a 8 años de cárcel por sedición. Mientras, Vox le acusa de dos delitos de rebelión y uno de organización criminal y reclama hasta 62 años.
