La Audiencia Provincial ha celebrado este viernes una vista con la que se da por cerrado el último juicio pendiente del caso 'Palma Arena'. En esta pieza separada, estaba acusado el expresidente del Govern, Jaume Matas, pero, finalmente, ha quedado absuelto, después de que Fiscalía y Abogacía de la Comunidad hayan retirado sus acusaciones. Por su parte, el que fue el gerente de la construcción del velódromo, Jorge Moises, ha sido condenado a dos años de cárcel.

Tanto Fiscalía como Abogacía de la Comunidad han retirado la acusación contra Matas pues consideran que no ha participado en estos hechos, un amaño de contratos para que fueran adjudicados 'a dedo' a Nimbus Publicidad durante el Govern del PP de 2003-2007.

El resto de acusados --Moises, el exdirector general de Deportes, José Luis 'Pepote' Ballester y la exsecretaria general de la Conselleria de Vicepresidencia y Relaciones Institucionales, Jane King-- han sido condenados, tras llegar a un acuerdo entre las partes, por un delito de prevaricación a siete años de inhabilitación para empleo y cargo público.

Moises, por su lado, además de esto, ha sido condenado a los dos años de cárcel por un delito de cohecho y también tendrá que pagar una multa de 7.000 euros y abonar otros 7.000 euros de responsabilidad civil a la Comunidad autónoma. Todas las partes se han mostrado favorables a la suspensión de la pena de cárcel.

Matas ha intervenido mediante videoconferencia desde la cárcel de Aranjuez donde cumple condena por el 'caso Nóos' de tres años y ocho meses. Esta era la última causa abierta que tenía pendiente del 'caso Palma Arena'.

PAGOS EN METÁLICO Y EN CESTAS DE NAVIDAD

Según les acusaba la Fiscalía, y tal como han admitido este viernes, Ballester, Moises y King participaron en una trama para adjudicar a Nimbus distintos contratos menores saltándose la ley. Además, el exgerente del consorcio recibía una parte del importe de los contratos adjudicados como pago al trato de favor. Esta cantidad se pagaba en metálico y a través de cestas de Navidad.

Para adjudicar los contratos 'a dedo', sin la debida concurrencia y publicidad, se fraccionaban los contratos o se utilizaba a otras empresas, para simular concurrencia. Estas adjudicaciones se hicieron desde la Conselleria de Vicepresidencia y desde la Fundación Illesport, adscrita a la Conselleria de Deportes.

Por estos hechos, la Fiscalía pedía inicialmente para los tres una pena de inhabilitación por diez años por el delito de prevaricación, y a Jorge Moisés le pedía también cinco años de cárcel, una multa de 8.700 euros y otra inhabilitación para empleo o cargo público, por tiempo de siete años. Además, le exigía una indemniación para la Comunidad de 20.000 euros por las cantidades que presuntamente habría cobrado por los amaños (la Fiscalía estima que de media, esta 'mordida' era de un seis por ciento del importe de los contratos).