El Grupo Parlamentario Popular ha registrado dos proposiciones en el Congreso de los Diputados en las que ha exigido al Gobierno que respalde al autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, y que lidere en la Unión Europea la defensa de elecciones democráticas.
En otra proposición registrada en la Cámara Baja, el GPP ha exigido al Ejecutivo que apoye las acciones internacionales contra el saqueo minero del Orinoco y en defensa de los derechos de la población indígena.
La primera de las Proposiciones no de Ley, suscrita por la portavoz del GPP, Cayetana Álvarez de Toledo; y las diputadas María Valentina Martínez Ferro y Belén Hoyo, insta al Gobierno a que reconozca cuanto antes la legitimidad de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela liderada por Juan Guaidó.
Además, ha pedido al Ejecutivo que condene "todas las maniobras inconstitucionales y violación de derechos perpetradas por Maduro y sus seguidores para impedir su reelección".
Los populares también han reclamado que Gobierno español que lidere en la Unión Europea la defensa de la celebración de elecciones presidenciales "democráticas, libres y transparentes" en Venezuela, así como la exigencia de seguir imponiendo sanciones individuales a los altos funcionarios del régimen de Maduro y sus familias con el bloqueo de sus cuentas.
La proposición registrada insta al Ejecutivo a que exija a la comunidad internacional que acompañe los procesos de reinstitucionalización y redemocratización en Venezuela, con España "situado un lugar preponderante en esta exigencia".
Por otro lado, el PP considera que se debe instar al cogobierno de Sánchez-Iglesias a que respalde las acciones internacionales que se lleven a cabo para detener la pérdida de biodiversidad y restaurar los ecosistemas del Orinoco, además de solicitar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos un mayor control de los impactos en las poblaciones indígenas afectadas en las zonas mineras, garantizando sus derechos fundamentales.
Por último, la formación ha destacado que la "ilegalidad" o el "control" por parte de organizaciones de grupos armados bajo el amparo de Maduro "dificultan una intervención sobre el territorio afectado y facilitan el contrabando, teniendo en cuenta que en la zona hay metales preciosos y minerales estratégicos, así como otros materiales de alto valor".
