El Gobierno ha aprobado para un total de 49 presos de ETA el traslado hasta cárceles del País Vasco dentro de la política penitenciaria impulsada tras la llegada a Moncloa de Pedro Sánchez hace ahora tres años, entre ellos algunos históricos y veteranos dirigentes etarras como María Soledad Iparraguirre, 'Anboto', José María Arregui Erostarbe, alias 'Fiti', o José María Dorronsoro.
Otros 14 presos de ETA condenados por delitos de terrorismo han sido trasladados hasta las cárceles de Navarra, entre ellos José Javier Arizcuren Ruiz, 'Kantauri', gracias a una política que incluye 240 movimientos a centros penitenciarios situados de Madrid al norte peninsular, poniendo fin a la dispersión que estuvo en vigor cuando la banda asesinaba.
Del total de 240 traslados a cárceles más próximas al País Vasco, 195 --el 81%-- se han producido en el último año, desde junio de 2020, según los datos recopilados por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), muy molesta con la política en esta materia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de ahí que hayan anunciado que no irán al homenaje de este domingo en el Congreso por el Día de las Víctimas del Terrorismo.
Covite tampoco asistirá al acto, en este caso poniendo el énfasis en que ve un "ejercicio de cinismo" homenajear a las víctimas en una institución en la que tiene representación EH Bildu, "herederos del brazo político de ETA" y uno de los partidos que apoyó la investidura de Pedro Sánchez.
También denuncia la "impunidad de los terroristas huidos, cerca de una treintena, y muchos de ellos con delitos de sangre", una demanda que también hace suya Dignidad y Justicia.
En su caso, rechazan además de plano los acercamientos, motivo por el que han recurrido ante lo contencioso-administrativo el pase a segundo grado y traslado a Logroño de los terroristas que asesinaron al fiscal Luis Portero, padre del presidente de Dignidad y Justicia.
ACERCAMIENTOS COMO ANTESALA DE BENEFICIOS
Algunas de estas asociaciones temen que los acercamientos de presos al País Vasco y el traspaso de la gestión penitenciaria al Gobierno de esta comunidad autónoma precipiten las decisiones para beneficiar penitenciariamente a los presos de ETA. Por este motivo, la AVT ha pedido al Ejecutivo vasco ser informada de cada decisión, al igual que ocurre ahora con el Ministerio del Interior.
En 2018, cuando llegó Fernando Grande-Marlaska a Interior, 203 de los 233 etarras en cárceles españolas cumplían condena en primer grado, el régimen cerrado y más estricto de la legislación penitenciaria, que impide acceder a permisos de salida. Este dato se ha ido reduciendo y en la actualidad son una decena los etarras clasificados en primer grado, de los 190 que continúan cumpliendo condena.
Con el Ejecutivo de Sánchez se han aprobado 240 acercamientos, que se corresponden a 197 etarras, 92 de ellos con delitos de sangre, sumando entre todos 290 víctimas en 210 atentados. Sin cambiar de cárcel continúan cinco presos de ETA: cuatro en Andalucía y uno en Murcia.
'FITI', PRIMERA CRÍTICA A MARLASKA
Precisamente la AVT trasladó en diciembre de 2019 su primera crítica a Grande-Marlaska por la decisión de acercar de Alicante a Asturias a 'Fiti', uno de los dirigentes etarras del colectivo Artapalo que cayó en la histórica operación policial contra la cúpula de ETA en Bidart en 1992. En octubre de 2020 volvió a ser trasladado, en esta ocasión a la prisión de San Sebastián.
La asociación lamentó que se incumpliera la promesa de no trasladar a etarras con delitos de sangre, ya que 'Fiti' contabiliza 15 asesinatos y fue inductor, entre otros, del atentado contra la casa-cuartel de Zaragoza.
Arregui Erostarbe tiene más de 70 años y cumplió las 3/4 partes de la pena en junio de 2019. Es uno de los etarras sobre los que Interior dice que "acepta la legalidad penitenciaria, reconoce el dolor causado y ha manifestado por escrito su rechazo al uso de la violencia, comprometiéndose a hacer frente al pago de la responsabilidad civil".
'ANBOTO', AÚN CON CAUSAS PENDIENTES
Luego ha proseguido el goteo incluyendo a 'Anboto', de 60 años y pareja del histórico jefe etarra Mikel Albisu, 'Mikel Antza'. Ambos cumplieron condena en Francia pero Iparraguirre tiene aún causas pendientes en la Audiencia Nacional, de ahí que Instituciones Penitenciarias hablara de presa preventiva cuando informó el pasado mes de junio de su traslado desde Madrid I a la cárcel de Álava.
Hasta ahora 'Anboto' ha sido absuelta de algunos procedimientos por su participación en atentados en la década de los 80, pero también condenada en otros, como la pena a 122 años de cárcel impuesta por ordenar y facilitar material para atentar contra el comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo, perpetrado en 1995 en León.
José María Dorronsoro, de 65 años, es otro de los veteranos etarras enviados al País Vasco. Cumplirá las tres cuartas de la condena en julio de 2023 y también dijo Interior de él que "aceptaba la legalidad penitenciaria y había remitido escrito en el que rechaza la violencia y se muestra sensible por el daño causado".
Dorronsoro fue condenado a 26 años de cárcel por cooperar en el atentado con coche-bomba contra un convoy de la Policía Nacional el 11 de junio de 1987, así como por ser cómplice de otro atentado contra el Gobierno Militar de San Sebastián cometido por el 'comando Donosti' en 1987.
