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Estepona

88 contratos del plan de empleo para personas en riesgo de exclusión

El nuevo plan de empleo dirigido a personas en riesgo de exclusión social cuenta con una subvención de 188.000 euros procedente de la Junta de Andalucía

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  • La firma de los contratos.

El alcalde del municipio malagueño de Estepona, José María García Urbano, ha firmado los 88 contratos temporales del plan de empleo dirigido a personas en riesgo de exclusión social, que realizarán durante dos meses funciones en diferentes departamentos municipales.

El nuevo plan de empleo dirigido a personas en riesgo de exclusión social cuenta con una subvención de 188.000 euros procedente de la Junta de Andalucía. Ha recordado que se ha podido poner en marcha en el municipio porque el Ayuntamiento de Estepona se encuentra al corriente en los pagos de Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

La Junta de Andalucía estableció los requisitos para poder optar a uno de estos contratos temporales. En concreto, los aspirantes tienen que estar dados de alta como desempleados en una oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), no haber trabajado más de 90 días durante el año anterior, y que al menos un año antes de la presentación de la solicitud todos los miembros de la unidad familiar hayan estado empadronadas como residentes en un mismo domicilio ubicado en un municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a excepción de las personas nacidas, adoptadas o acogidas con posterioridad a esa fecha, las víctimas de violencia de género y las personas andaluzas retornadas.

El presupuesto municipal para 2018 contempla para este año una partida de 500.000 euros para impulsar el quinto Plan de Empleo Municipal, que permitirá la contratación temporal de personas empadronadas en el municipio que se encuentren desempleadas.

El Ayuntamiento contrató de forma temporal en 2017 a un total de 342 personas que eran desempleadas de larga duración o que tenían dificultades para encontrar trabajo.

Los diferentes planes de empleo fueron dirigidos a personas que están en riesgo de exclusión social, a jóvenes con escasa experiencia laboral, a mayores de 30 años y a colectivos especialmente vulnerables; todo ello, para favorecer la integración en el mercado laboral de personas con mayores dificultades.

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