La Audiencia de Granada acoge desde este lunes el juicio por el "caso Audioguías" de supuestas irregularidades en la contratación de la explotación del servicio de alquiler de audioguías del monumento, que sienta en el banquillo a la que fue directora del patronato público que gestiona el recinto nazarí María del Mar Villafranca, junto a otros tres acusados.

La Sección Segunda del tribunal ha reservado los días 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24 y 25 de este mes de enero para la celebración de la vista oral por esta causa, que arrancó hace ocho años con una denuncia inicial ante la Agencia Tributaria y a la que luego se sumó una querella de la Fiscalía.

El juez instructor, Antonio Moreno, acordó en su día la apertura del juicio oral contra cuatro procesados, miembros de la entonces cúpula de la Alhambra, y entre los que también está la exsecretaria del monumento, por un delito continuado de prevaricación administrativa, otro de malversación de caudales públicos y un tercero de blanqueo de capitales.

La causa judicial del conocido como caso de las audioguías se inició en 2015 con la admisión de la querella presentada por la Fiscalía contra entonces seis personas por las presuntas irregularidades cometidas en este servicio y provocó la dimisión de su directora María del Mar Villafranca.

El juzgado instructor encargado de la causa ha investigado las presuntas irregularidades en la concesión del servicio de audioguías de la Alhambra, históricamente el complejo monumental más visitado del España.

En el juicio se sentarán en el banquillo Villafranca, la exsecretaria del recinto, el que fue jefe de contabilidad del patronato nazarí y el empresario de la empresa que logró la adjudicación del servicio de las audioguías.

La Fiscalía solicitó una pena de cinco años de cárcel para Villafranca y para la que era su secretaria, y diez años de prisión para el empresario responsable del servicio, junto a la petición de multas que alcanzan el millón de euros.

Durante el inicio de la causa, el Ministerio Público cifró las pérdidas provocadas por las supuestas irregularidades en la gestión del servicio de audioguías de la Alhambra en 5,4 millones de euros.

Durante la instrucción judicial, Villafranca declaró que actuó en todo momento "conforme a la ley", y aseguró que se sentía "víctima de una persecución".