Reciben el objeto del veredicto para determinar si el acusado de asesinato actuó enajenado

El jurado popular que desde la semana pasada se encarga del segundo juicio por asesinato contra un acusado de matar a golpes y puñaladas a una joven en Granada ha recibido este lunes el objeto del veredicto con el que tendrá que determinar su culpabilidad y si actuó afectado por un brote psicótico.

Los cinco hombres y cuatro mujeres que conforman el jurado popular de la causa han recibido poco antes del mediodía de este lunes el objeto del veredicto con el que inician las deliberaciones.

El jurado popular tendrá que responder a los apartados para determinar la culpabilidad o no culpabilidad del procesado y especificar si actuó con sus capacidades alteradas por un brote psicótico que no ha apreciado la Fiscalía.

Según han detallado a EFE fuentes del caso, se trata de un objeto del veredicto muy parecido al que se entregó en el juicio anterior a otro jurado, clave para una sentencia recurrida y anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que forzó repetir el juicio.

El acusado de matar a la joven aseguró este pasado miércoles que actuó porque vio en ella al demonio, ordenado por pirámides y ante dobles de sí mismo, una versión similar a la que narró en septiembre de 2022, aunque ante un nuevo jurado, que escuchó su testimonio tras el visionado de las imágenes grabadas por las cámaras.

Esas imágenes muestran al acusado y la brutal agresión a la joven, que fue agredida con diferentes armas y murió horas después en el hospital.

La Fiscalía modificó sus conclusiones provisionales y solicitó 29 años y 9 meses de prisión para el acusado de matar a una joven en la empresa de su padre, ubicada en el polígono de Albolote, en febrero de 2021.

El Ministerio Público pedía de forma inicial el internamiento psiquiátrico del procesado, al que atribuye un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, además de robo con violencia y resistencia a agentes de la autoridad.

Las acusaciones particulares, ejercidas tanto por los padres como por el hermano de la fallecida, han solicitado una pena similar a la del Ministerio Público, un total de 30 años de cárcel también por los delitos de asesinato y de robo, mientras que la defensa plantea que se le aplique la eximente completa o incompleta de alteración o enajenación mental.