La mayoría de los más de 70 acusados que iban a ser juzgados este martes por la Sección Segunda de la Audiencia de Granada por estafar a la Seguridad Social y conseguir prestaciones por más de 200.000 euros con falsas contrataciones para la recogida de aceituna y almendra en Diezma (Granada) han reconocido los hechos y han aceptado penas que van entre los cuatro meses y los dos años de cárcel.
El principal acusado, el empresario que dio de alta en el sistema de la Seguridad Social a más de 70 falsos empleados según la Fiscalía, ha aceptado dos años de cárcel, frente a los diez que inicialmente le pidió el Ministerio Público. La persona acusada de colaborar con él en esta práctica, y que se enfrentaba a la misma petición fiscal, ha aceptado 18 meses de cárcel, según han detallado a Europa Press fuentes del caso.
La mayoría de los más de 70 trabajadores ficticios que fueron datos de alta entre 2011 y 2013 y "fingieron ser trabajadores de la empresa" para conseguir periodos de cotización y así "obtener prestaciones de desempleo, asistenciales y sanitarias de la Seguridad Social" han aceptado penas de entre 4 meses y medio y seis meses de cárcel.
La condena será así menor para quienes previamente han devuelto el dinero que cobraron indebidamente, según ha detallado a Europa Press el letrado que ha representado a varios de ellos, Mariano Vargas.
Un pequeño grupo de acusados no se han conformado y se ha señalado para la semana que viene su juicio, que este martes se había previsto celebrar en la sala Antonio Angulo del edificio judicial de La Caleta, dada la gran cantidad de personas implicadas en la causa.
Las supuestas laborales agrícolas para las que fueron contratados los acusados se localizaron en Diezma a través de un centro de trabajo inexistente y en fincas que sí era reales pero con las que los acusados no tenían ningún tipo de relación para la realización de estas tareas, según expuso la Fiscalía en su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press.
El fiscal cifró en 33.599 euros el fraude al Instituto Nacional de la Seguridad Social por prestaciones por incapacidad y en otros 215.093 euros lo defraudado al Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) por prestaciones por desempleo.
