Más País Verdes Equo, integrado en el Grupo Parlamentario Plural, ha registrado una proposición no de ley (PNL) para su debate en la comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados reclamando al Gobierno central "medidas para la protección del Parque Nacional de Doñana".
En concreto, con esta iniciativa, consultada por Europa Press, la formación que encabeza el diputado Íñigo Errejón quiere que el Congreso inste al Gobierno a "ejercer sus competencias y funciones sobre el Parque Nacional de Doñana para garantizar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, la directiva marco del agua y las de aves y hábitats, incluyendo la paralización de toda tramitación normativa que permita consolidar o auspiciar la sobreexplotación de los acuíferos".
La iniciativa de Más País alude así a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), hecha pública en junio de 2021, que "concluye que las extracciones desmesuradas de agua subterránea en el Espacio Natural de Doñana incumplen el derecho comunitario, en concreto, las Directivas Marco del Agua y Hábitats".
La sentencia, según abunda la PNL de Más País, "también señala la inacción de España ante los efectos negativos de las extracciones de agua y manifiesta la falta de información sobre el estado de las aguas subterráneas, debido sobre todo al desconocimiento de la Administración sobre las captaciones ilegales".
Otra reivindicación que la iniciativa quiere que el Congreso traslade al Gobierno es la de "garantizar el cumplimiento de las 15 recomendaciones de la Unesco de julio de 2021 para preservar el Parque Nacional de Doñana, como se comprometieron tanto el Gobierno de España como la Junta de Andalucía".
"Especialmente", Más País quiere que se cumplan las recomendaciones "dirigidas a la implementación del Plan Especial de la Corona Forestal, la creación de una zona de amortiguación que incluya al Parque Natural, la zona Ramsar, la zona declarada por la UE como 'Natura 2000' y otras áreas protegidas en las cuencas inmediatas, la actualización de los indicadores de seguimiento", y las orientadas "a incrementar los esfuerzos de investigación dirigidos a entender las relaciones entre la hidrología y la ecología de este espacio".
En tercer lugar, Más País quiere que el Congreso emplace al Gobierno a "incrementar los recursos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, para cumplir eficazmente con sus competencias de control de los recursos hídricos, así como las tareas imprescindibles de inspección y medidas para detener la sobreexplotación de los acuíferos incluyendo el cierre de todas las captaciones ilegales que están robando agua al Espacio Natural de Doñana".
UN "TESORO NATURAL" EXPUESTO A "MUCHOS PELIGROS"
"Implementar urgentemente las medidas planificadas para las captaciones de Matalascañas y frenar aquellas infraestructuras hidráulicas al norte de Doñana destinadas a favorecer el avance de la agricultura intensiva" es la última de las reivindicaciones que plantea esta proposición no de ley, en cuya exposición de motivos se pone de relieve que Doñana fue declarado Parque Nacional en 1969 y ampliado sucesivamente, "con la intención de proteger sus 54.252 hectáreas de extensión, un tesoro natural que alberga en sus marismas y costas, entre otras, más de 300 especies de aves".
Más País pone así de relieve en la exposición de motivos de su PNL el "enorme valor ecológico" de este espacio natural, y que conforma "una de las más grandes e importantes reservas de la biosfera de España, con casi 270.000 hectáreas protegidas", al tiempo que avisa de que "son muchos los peligros que todavía ponen en riesgo la conservación de Doñana, su fauna y su flora".
Así, desde Más País alertan de que el "privilegiado enclave" en el que se ubica Doñana, "cercano a la desembocadura del Guadalquivir, también lo convierte en objeto de sobreexplotación", y hace ya "muchos" años que organizaciones ecologistas y "numerosas" entidades o instituciones "vienen denunciando la escandalosa proliferación de pozos ilegales y la contaminación de sus aguas".
"Doñana lleva décadas sufriendo el expolio de su acuífero, fundamentalmente para el riego de fresas y otros frutos rojos, aunque también para arroz o algodón, lo que ha provocado un descenso en los niveles de las aguas subterráneas", advierte la PNL de Más País, que señala que esa situación "se agrava, más aún, con las sequías que se vienen padeciendo durante años y que amenazan con la desertización, lo que supondría la degradación ecológica definitiva del espacio y la desaparición de suelo fértil y productivo en su entorno".
INICIATIVA EN EL PARLAMENTO ANDALUZ SOBRE REGADÍOS
Ello "sería letal para el futuro del Parque y los 14 municipios de Huelva, Sevilla y Cádiz que viven de sus ramales de agua dulce", advierte Más País, que también se hace eco de la proposición de ley registrada por PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox en el Parlamento andaluz "para la revisión del Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Forestal de Doñana", con la que "se pretende regularizar y legalizar una gran cantidad de pozos e infraestructuras extractoras de agua, así como 1.400 hectáreas nuevas de regadío".
Para los diputados de Más País Verdes Equo, dicha proposición de ley impulsada por los dos grupos que sustentan el Gobierno andaluz, además de por Vox, "supondría un espaldarazo definitivo tanto a los actuales pozos extractivos como al incremento de las actividades agrícolas que están llevando al límite la supervivencia del Parque".
Al hilo, Más País sostiene que "la política ambiental auspiciada por la Junta de Andalucía, lejos de pretender mitigar la sobreexplotación de Doñana, garantizando su supervivencia, está apostando justo por la dirección contraria, con todos los riesgos que ello conlleva para la fauna, la flora y, en su conjunto, para el delicado equilibrio ambiental de la Reserva".
Finalmente, para justificar su iniciativa, Más País subraya que el hecho de que Doñana sea un Parque Nacional, además de Patrimonio de la Humanidad, "con tantas figuras de protección internacionales, debería suponer una garantía de protección territorial y, por lo tanto, límites necesarios y razonables al desarrollo económico".
