‘Con las patas colgando’ como se suele decir vulgarmente, se están quedando numerosos vecinos de Cartaya tras recibir en sus domicilios la factura por el  suministro de agua emitida por la empresa privada a la que el equipo de Gobierno tripartito (Icar, PP y PA), adjudicó el servicio el pasado mes de febrero.

Indignación, impotencia y rabia son los principales sentimientos que invaden a estos vecinos y empresarios, que consideran en la mayoría de los casos “abusivas” las cantidades que se les pretende cobrar.

No en vano, muchos de ellos están recibiendo en sus casas facturas que rondan los 500, 600, 1.300 y, en algún que otro caso, hasta los 3.000 euros, frente a lo que están mostrando en principio su enorme sorpresa, ya que aseguran que sus hábitos de consumo de agua no han variado en los últimos meses, y posteriormente una enorme indignación.

Indignación que alcanza el grado de ‘mosqueo’ mayúsculo cuando, según han relatado algunos, acuden a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) del Ayuntamiento de Cartaya, desde donde aseguran les remiten directamente a la empresa suministradora por no poder atender reclamaciones relacionadas con el servicio de suministro de agua.

Otros vecinos, sobre todo empresarios y especialmente del sector de la hostelería, se quejan igualmente de los recibos por el servicio de la recogida de basuras, que según lamentan, suponen un coste añadido al del agua, lo cual hace casi insostenible en algunos casos el mantenimiento de sus negocios.    

CARTAYA PÚBLICA

De todas estas quejas se ha hecho eco este martes la plataforma en defensa de los servicios públicos Cartaya Pública, que asegura en un comunicado haber detectado la emisión de facturas del agua que llegan a los 1.300 euros e incluso en algún caso hasta los 3.000, “siendo imposible” que se hayan producido consumos por esos valores desde que opera la empresa privada suministradora de agua en la localidad. Según la plataforma ciudadana, esas facturas con cantidades “elevadísimas” están llegando a los vecinos “desde que el Gobierno municipal de ICAR PP, y PA decidió con el apoyo de UPyD privatizar la gestión de ese servicio esencial”.

En no pocos casos, aseguran, las facturas con cantidades que pueden alcanzar hasta 3.000 euros “las han recibido personas mayores que viven solas, o familias y negocios con dificultades económicas”. Tanto unos como otros, al no poder hacer frente al pago de esas facturas, “corren el riesgo de que se les suspenda el suministro de agua”.

Cartaya Pública exige la “paralización inmediata” del cobro de facturas “abusivas”, así como que “se depuren las responsabilidades tanto legales como administrativas” en las que haya podido incurrir la empresa contratada por el Ayuntamiento para hacerse cargo de la gestión del agua, “que es a quien el Gobierno municipal ha entregado el servicio de abastecimiento y saneamiento de aguas”.

2.500 FIRMAS

La plataforma entregó hace casi una semana en el Ayuntamiento las primeras 2.500 firmas que ha recogido en defensa de la gestión pública del agua y la recogida de basura en Cartaya, “sin que hasta el momento haya recibido contestación alguna por parte del Gobierno municipal”.

Finalmente, Cartaya Pública considera que ese “rechazo tan importante” de los cartayeros a la privatización que quiere hacer el Gobierno de ICAR, PP y PA durante 25 años más de ambos servicios “hace necesaria la convocatoria de un referéndum para que sea el pueblo quien decida qué se debe hacer con esos servicios esenciales”.

La propuesta de celebrar esa consulta “ha recibido el apoyo de PSOE e IU”, que la llevarán este mes al pleno del Ayuntamiento, concluye la plataforma vecinal.