Este jueves ha comenzado el juicio por el asesinato de Manuel Díaz Calo, el empresario que en octubre de 2008 fue golpeado hasta la muerte en su chalé de Sanlúcar del Guadiana, donde fue robada la caja fuerte de su propiedad, una vista oral en la que un testigo ha asegurado que mantuvo una reunión con la víctima el día 2 de octubre, mientras que la Fiscalía mantiene en su escrito de acusación que falleció "a lo largo de la tarde o noche del 1 de octubre".
Durante la primera sesión del juicio ante el Tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva, esta persona ha asegurado que mantuvo una reunión con la víctima el día 2 de octubre por las relaciones laborales que habían mantenido con anterioridad.
Al respecto, uno de los abogados asegura que el Instituto de Medicina Legal y el Instituto de Toxicología de Madrid fechan la muerte a las 00.00 del día 3 de octubre.
Por su parte, los principales acusados, I T., I.Mo., y Fl.A.M., para los que la Fiscalía pide casi 22 años de prisión por un delito de asesinato, otro de robo con violencia o intimidación y otro de allanamiento de morada, no han contestado a las preguntas formuladas por el Ministerio Fiscal y dos de ellos han asegurado a sus respectivos letrados que se marcharon a Rumanía el día 3 de octubre.
El otro principal acusado, que junto a los otros dos se encuentran en prisión preventiva por estos hechos, ha negado los hechos y ha manifestado que "nunca" ha ido a Sanlúcar y que "nunca" entró en la casa, propiedad de la víctima y donde fue hallado su cadáver, indicando además que conoció a los otros dos acusados cuando entró en prisión.
Los otros imputados han declarado ante las preguntas del fiscal y de sus abogados. Uno de los dos procesados como cooperadores necesarios, también de nacionalidad rumana, ha asegurado que "nunca" ha estado en Sanlúcar de Guadiana, así como que "sólo conoce de vista" al otro acusado por estos mismos hechos, el cual, albañil de profesión, ha manifestado que realizó "unos trabajos en la parcela" donde se encuentra la vivienda de la víctima, en la que asegura que "nunca" entró y que no tenía conocimiento de que había una caja fuerte. A su vez, ha indicado que no conoce a ninguno de los acusados y que no facilitó "ningún tipo de información" sobre esta vivienda y la víctima.
Por otro lado, los otros dos, un hombre y una mujer también de nacionalidad rumana y que son hermanos, han negado los hechos asegurando que "nunca" han estado en Sanlúcar, así como que no tienen "nada que ver" con la muerte de este conocido empresario onubense.
NULIDAD DE PRUEBAS
Antes de estas declaraciones en juicio, donde no hay acusación particular, los letrados de las defensas han planteado al tribunal la nulidad de determinadas pruebas que creen que se han obtenido vulnerando derechos fundamentales, como es "poner un micrófono a unos presos en el furgón policial". No obstante, la juez ha señalado que no procede esta petición, por lo que las defensas las elevarán el día que emitan las conclusiones finales y en la sentencia decidirá el tribunal.
Según reza en el escrito de la Fiscalía, los hechos se remontan al 1 de octubre de 2008, cuando cinco de los procesados, con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito y con conocimiento del interior de la propiedad de Manuel Díaz Calo y de las costumbres de este último, se dirigieron desde Cartaya a la localidad de Sanlúcar de Guadiana, asaltando la vivienda de la víctima y encontrándose a Díaz Calo en las inmediaciones de la puerta principal, solo y sin protección alguna, sin vecinos alrededor y a punto de realizar su ritual diario de meterse en su piscina y posteriormente en la sauna de la casa, hechos que los acusados conocían gracias a la información obtenida de los procesados como cooperadores necesarios.
La Fiscalía mantiene que tras reducir los tres principales acusados a la víctima mediante diversos golpes y empujones, le ataron los pies y las manos y comenzaron a golpearle con objeto de que les dijera la combinación de la caja fuerte que se hallaba en dicho dormitorio, cosa a la que Díaz Calo se resistió hasta su muerte.
Posteriormente, la autopsia reveló que la muerte fue producida por la combinación de múltiples contusiones, en particular por la mediación del efecto de la insuficiencia respiratoria debido a las múltiples fracturas costales y la del esternón.
A su vez, indica que los procesados, al no conocer la clave para dar apertura a la caja fuerte, la desanclaron del suelo y pared y se la llevaron, consiguiendo abrirla posteriormente en una carretera tras golpearla repetidamente. En su interior había una cantidad no determinada de dinero que pudiera alcanzar los 27.000 euros y un reloj Rolex.
El fiscal considera probado que los cinco procesados señalado tenían conocimiento de la existencia del inmueble de Díaz Calo, de su ubicación, habitaciones, presencia de la caja fuerte, ausencia de vecinos, rituales diarios de éste y de su costumbre de guardar fuertes cantidades de dinero en la citada caja, gracias a la información que les habían suministrado supuestamente en fechas inmediatamente anteriores a los hechos ya señalados los otros dos procesados como cooperadores necesarios, quienes incluso los condujeron un día hasta la atalaya del castillo de Sanlúcar de Guadiana con la finalidad de que desde allí pudieran observar la configuración interior general de la finca para poder sustraer así la caja fuerte ya señalada.
De igual modo, el fiscal pide una multa de más de 2.000 euros para cada uno y una indemnización conjunta a los herederos de Manuel Díaz Calo en la cantidad de 27.000 euros por el dinero metálico sustraído y no recuperado y por el reloj. A su vez, a los principales acusados pide una indemnización de 120.000 euros por el fallecimiento de Díaz Calo.
El juicio, que ha comenzado este jueves con la declaración de los procesados y de uno de los testigos, está previsto que continúe hasta el 30 de septiembre con las declaraciones de más testigos, guardias civiles, médicos forenses y demás peritos.
