Tan negros están los vecinos de la intercomunidad de propietarios de la urbanización José María Tres, en el núcleo costero cartayero de Nuevo Portil, como las paredes de sus viviendas por el hollín de la panadería que se encuentra entre los bloques II y III, que los trae de cabeza desde hace ya casi dos años.

Y es que tal es su indignación, que dicha intercomunidad, que representa a los 120 propietarios de los apartamentos que se reparten entre los tres bloques que integran la urbanización, decidió el pasado día 25 de junio interponer una denuncia en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Ayamonte contra el alcalde de Cartaya, el independiente Juan Polo, al que atribuyen la comisión de un presunto delito de “prevaricación” por “tener conocimiento de una actividad ilegal y consentirla” en referencia a la actividad industrial que dicha panadería lleva a cabo en la misma urbanización.

Así lo han señalado a VIVA Juan José bermejo (presidente del bloque III y vicepresidente de la intercomunidad), José Ratasi (presidente del bloque II y vicepresidente de la intercomunidad), y Jesús Guerrero (vicepresidente del bloque II), quienes han explicado que el problema se inició hace dos años, cuando los locales comerciales que dan a la calle Valle Frío, ubicados entre los bloques II y III, que albergaban distintos comercios “con los que nunca habíamos tenido problema”, fueron siendo adquiridos por el propietario de una panadería que “inició una actividad industrial no permitida, según las normas urbanísticas de Cartaya, además de no autorizada”.

Según reza la denuncia, a la que ha tenido acceso VIVA, el 11 de diciembre la intercomunidad solicitó por escrito al Ayuntamiento de Cartaya “acción pública para la protección de la legalidad urbanística por la instalación de una industria de fabricación de pan en la calle Valle Frío, en Suelo Urbano Consolidado, según Planeamiento General de Ordenación Urbana” del enclave turístico de Nuevo Portil (Cartaya).

Los propietarios también hacen constar en la denuncia que dicha industria “utiliza como combustible gasóleo, que emite a la atmósfera gran cantidad de micropartículas contaminantes por varias chimeneas colocadas a menos de dos metros del suelo que hace difícil la respiración en las viviendas”, así como que “estas emisiones han ensuciado de hollín negro las paredes de los bloques, y especialmente la fachada norte del bloque II”.

También recoge la denuncia que los motores de evacuación de aire interior de la panadería “están en funcionamiento las 24 horas del día, emitiendo gran cantidad de ruido que hace insoportable el descanso” y que “no cumplen con la ordenanza medioambiental de protección contra la contaminación acústica de Cartaya”; así como que la industria panadera “se alimenta desde un depósito de gasoil que está a tres metros de la fachada sur del bloque II, poniendo en peligro a sus moradores ante un vertido o explosión del combustible” y que “la descarga se hace periódicamente desde un camión cisterna que estaciona en la calle Valle Frío, poniendo en riesgo la seguridad de los vecinos”. Por último reza que “varias veces en semana un camión cargado de sacos de harina descarga en la puerta de la panadería generando molestias debido a las horas intempestivas en que tiene lugar”.

A todo ello los representantes de los propietarios consultados por VIVA añaden la “incomodidad” que supone la presencia de 5 o 6 camiones de reparto por las mañanas en la calle y, en general, “las incomodidades propias de una actividad industrial metida dentro de una zona residencial habitada”. Por último señalan que “al ser una actividad industrial no permitida y sin autorización también ponemos en cuestión que cumpla las medidas de seguridad obligatorias” y que “tampoco sabemos si está teniendo consecuencias para la salud de los vecinos respirar todos los días las micropartículas de hollín”.

Por todo ello piden en la denuncia el “cese” de una actividad que según añaden en la denuncia “carece de la preceptiva licencia municipal para ejercer esta actividad industrial”, alegando que “en este caso el señor alcalde mediante una actuación decisoria de no resolver expresamente, ha desestimado por silencio administrativo nuestra decisión” y que, según jurisprudencia, el Tribunal Supremo sostiene que “se comete prevaricación en situaciones donde existe un deber imperativo de dictar resolución y cuya omisión tiene efectos equivalentes a una denegación”.

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

Los vecinos aseguran haber actuado en todo momento de “buena fe” y justifican el hecho de haber llegado hasta los juzgados en la “falta de respuesta del Ayuntamiento”.

Tal es así que los tres representantes de los propietarios consultados por VIVA han afirmado que el verano pasado la junta de propietarios decidió informarse sobre la actividad que desarrolla la industria panadera en cuestión, por lo que “el empresario solicitó en septiembre al Ayuntamiento de Cartaya legalizar la actividad”.

Posteriormente “solicitamos al alcalde de Cartaya en un escrito con registro de entrada en el Ayuntamiento de 11 de diciembre, información sobre dicha actividad industrial”.

En sendos encuentros, primero con los servicios técnicos municipales (27 marzo 2014), y otro con el teniente de alcalde de Urbanismo, el popular Gabriel Maestre (8 de abril de 2014), “se nos corroboró que la actividad efectivamente es ilícita” ya que “el propio Maestre nos dujo que en dicho espacio está prohibida cualquier actividad de este tipo al tratarse de Suelo Urbano Consolidado”.

Como consecuencia de ello remitieron un nuevo escrito al alcalde, pidiéndole el cese de la misma, pero aseguran que “pasó el tiempo y se hizo el silencio administrativo, ya que no nos contestaron”. No obstante, prosiguen, “por querer actuar de buena fe no nos fuimos entonces al contencioso administrativo ni al juzgado” hasta que el 24 de junio “tuvimos otro encuentro con el teniente de alcalde de Urbanismo, quien no nos dio solución alguna, por lo que decidimos acudir al juzgado”. Es más, aseguran, el propio teniente de alcalde de Urbanismo “nos reconoció expresamente que ni técnicos ni secretario del Ayuntamiento atendían a sus indicaciones de decreto de cierre por desarrollo de una actividad ilegal, reconociendo su impotencia en este sentido e invitándonos (por más de 10 veces) a denunciar en el juzgado a la panadería por actividad ilegal y al Ayuntamiento por no hacer lo que debería hacer”. 

Finalmente afirman que después de poner la denuncia, el alcalde, tras haberlo rechazado con anterioridad, “accedió a reunirse con nosotros, pero no con la intercomunidad, ni con más de tres personas, por lo que la cita se pidió prácticamente a título particular celebrándose el pasado 17 de julio”.

Los vecinos aseguran no haber podido salir de dicho encuentro más indignados. Y es que afirman que en el mismo se les informó sobre los detalles de un informe, según ellos elaborado por los servicios técnicos municipales, sobre las condiciones en las que se desarrolla la actividad industrial en la panadería. En el mismo se dice que la panadería “no se alimenta con gasóleo, que lo hace con pellets, que el depósito de gasoil no se utiliza y que no hay peligro, pues éste está soterrado, y que la fachada norte del bloque II ennegrecida no es de hollín de la combustión de gasoil emitida por las chimeneas, sino debido a la humedad del ambiente”.

Igualmente destacan que en ese mismo encuentro se les dijo que “no había riesgo para la salud de las personas a consecuencia del humo de las chimeneas, y que no podíamos demostrar nada ante ningún juzgado”.