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Huelva

Imputan a la presidenta del Puerto por prevaricación, fraude y malversación

Manuela de Paz, según han informado a Efe fuentes jurídicas, está llamada a declarar por estos hechos el próximo 15 de diciembre a las 10:00 horas

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El Juzgado de Instrucción número cinco de Huelva ha imputado a la presidenta del Puerto, Manuela de Paz, tras la denuncia presentada por CCOO por presunta prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude de subvenciones, contra los trabajadores y contra la integridad moral.

La presidenta del Puerto, según han informado a Efe fuentes jurídicas, está llamada a declarar por estos hechos el próximo 15 de diciembre a las 10:00 horas.

De Paz ya prestó declaración a raíz de esta misma denuncia, imputada por delitos medioambientales, el pasado junio, después de que la Fiscalía de Medio Ambiente solicitara al juez instructor que dividiera en dos las actuaciones ante la cantidad de delitos de los que se trataba, actuaciones que en estos momentos están en fase de resolución judicial.

Según la denuncia de CCOO, presentada en junio de 2014, De Paz "supuestamente ha cometido delito de prevaricación por dictar a sabiendas de su injusticia una resolución arbitraria en julio de 2013".

En esta resolución se adjudicó a Sandetel la prestación de un servicio informático que prestaban los empleados de la Autoridad Portuaria por 1.134.237,85 euros, en contra del informe del Abogado del Estado, se asegura en el escrito de la Sección Estatal del Mar de CCOO.

El sindicato denunció igualmente "la supuesta comisión de delitos medioambientales en el proyecto de ampliación Sur Muelle Ingeniero Juan Gonzalo, que requería preceptivamente evaluaciones ambientales y evaluación Red Natura 2000".

En este caso se estarían cometiendo delitos medioambientales recogidos en el Código Penal, así como "un delito de fraude de subvenciones, ya que la obtenida a través de los fondos FEDER comunitarios de más de 120.000 euros se hizo supuestamente falseando las condiciones requeridas para su concesión y ocultando exigencias que sin duda hubieran impedido la concesión de esos fondos".

Igualmente, recogía la comisión de un presunto delito de malversación de fondos públicos y una actividad supuestamente delictiva, respecto a la contratación de personal sin concurrencia ni publicidad.

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