Como los/as cornudos, Huelva fue la última en enterarse. La destrucción del yacimiento arqueológico del Seminario es una realidad que ha matado parte de la historia milenaria de una ciudad que se ha visto sorprendida por un hecho surrealista, al que se buscan explicaciones y que ha tomado, sin atajo, la vía judicial para intentar esclarecer unos hechos que nunca debieron ocurrir y para depurar, en la medida de lo posible, las responsabilidades de este dañino acto que ha dejado en ridículo a Huelva.

Así, por partes, este martes el Ayuntamiento trasladó a Fiscalía lo que considera un “expolio”, mientras que IU presentó ante esta misma instancia la denuncia por “el atentado arqueológico” y Participa Huelva hizo lo propio en la Fiscalía de Medio Ambiente.

Ayuntamiento y PSOE
De esta manera, el portavoz del equipo de gobierno y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Huelva, Manuel Gómez, se entrevistó este lunes con el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Luis Fernández Arévalo, para trasladarle “los acontecimientos tan graves que se han producido en relación con las excavaciones ilegales en el sector del Seminario”. En este sentido, ha remarcado que “van a llegar hasta el final para depurar todas las responsabilidades”.

El concejal de Urbanismo ha trasladado a la Fiscalía “la indignación y honda preocupación del Consistorio por el ilegitimo expolio del patrimonio de todos los onubenses, un hecho ante el cual el Consistorio no se va a quedar parado”.

Gómez ha pedido al resto de administraciones que ejerzan también sus competencias en este asunto, incidiendo en que “el Ayuntamiento, ante este ataque de las empresas privadas, va a depurar todas las responsabilidades, tanto a nivel judicial como administrativo en cualquier ámbito”. El Consistorio onubense ya ha abierto expediente sancionador y de restitución de la legalidad urbanística y se personará en la causa judicial si se abre.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Huelva, Jesús Ferrera, pidió este lunes que se investigue “fehacientemente” los hechos para que “caiga todo el peso de la ley”.

IU y Participa Huelva
Por otro lado, el presidente del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Huelva, Pedro Jiménez, registró ayer ante la Fiscalía provincial la denuncia, “para que la Justicia investigue sobre el expolio y la destrucción de los valiosos restos arqueológicos que había en varias parcelas del Plan Parcial número 8, situadas en La Orden-Seminario”. De este modo, Jiménez ha declarado que “queremos que se abra una investigación judicial que sirva para sancionar ejemplarmente a los responsables de perpetrar esta auténtica barbaridad que ha supuesto la pérdida de una gran cantidad de vestigios arqueológicos, de unos 5.000 años de antigüedad y que formaban parte de los restos de uno de los asentamientos humanos más antiguos de Europa occidental”.

En la misma línea, Participa Huelva también presentó una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente.

Consejería de Cultura
También se pronunció sobre el asunto la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, quien señaló respecto a lo ocurrido que “aplicará” la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, “que nos da potestad sancionadora”.

De este modo, y aunque Aguilar apunta que “no van a interferir en la investigación y las actuaciones que se están llevando a cabo”, manifiesta que “sí van a actuar y tendrán de manera pormenoriza todos los datos de lo que ha ocurrido en función de todas las actuaciones que llevan a cabo por una parte la acción judicial y por otra parte el Ayuntamiento de Huelva”.

Investigación de ADIF
Y a todo esto, ADIF asegura que no le consta que haya una relación directa entre las obras de la nueva estación de Huelva y lo ocurrido en el yacimiento. No obstante, pese a esta apreciación, sí ha señalado ADIF que ha abierto una investigación para recabar información a la UTE encargada de las obras por si alguna de estas empresas hubiera contratado con algún proveedor el acopio de arena y éste, a su vez, tuviera algún tipo de relación con lo sucedido.

Asimismo, desde ADIF han remarcado que “ante cualquier demanda de información adicional por parte de administraciones u otras instituciones, estaremos dispuestos a colaborar”, aclarando que “no han detectado relación” entre la entidad y los hechos acontecidos.