La Sentencia 26/10 de la Audiencia Provincial de Huelva, dictada el 30 de julio de 2010, condenaba a tres hombres por delitos contra la ordenación del territorio, señalándose en la sentencia, entre otras cuestiones que "deberán desmantelar a su costa las balsas de riego y demoler o retirar las edificaciones construidas, devolviendo a su estado original el suelo afectado".
La sentencia indicaba también la obligación de que los mencionados titulares de la finca El Avispero, situada en el ámbito del entorno de Doñana, indemnizasen a la Consejería de Medio Ambiente en la
suma en que sean tasados los gastos de regeneración del terreno, partiendo de un informe pericial que los situaba en más de 587.000 euros.
Más de cinco años después, poco o nada ha cambiado, según ha denunciado en un comunicado la organización Ecologistas en Acción, que recuerda que las primeras denuncias al respecto de Ecologistas en Acción datan de los años 2006 y2007, "cuando se detectó un desmonte brutal con maquinaria pesada de la finca forestal de El Avispero, que supuso la destrucción del bosque (pinos, alcornoques, matorral noble,...) y su cambio vertiginoso en suelo para cultivo agrícola intensivo con regadío. Aparecieron también una enorme balsa de regadío y una serie de módulos prefabricados y se produjo incluso la modificación del cauce natural del arroyo Avispero-los Carboneros, destruyendo sus
laderas y dejando sólo algunas hileras de árboles junto a la carretera y caminos públicos, con objeto de ocultar el destrozo realizado".
En estos últimos meses Ecologistas en Acción de Huelva ha realizado multitud de gestiones tendentes a exigir el cumplimiento de la sentencia, buscando la recuperación de un espacio forestal situado en la
zona A de máxima protección del Potad (Plan de Ordenación del Territorio del Ambito de Doñana), arrasada sin autorización para conversión en regadío intensivo. Estas gestiones han incluido solicitud
formal de cumplimiento de la sentencia al juez del caso, escritos y reuniones con el fiscal y exigencia a la delegación provincial de Medio ambiente de la Junta de Andalucía, del cumplimiento de sus obligaciones ante tanta demora injustificada.
La organización sólo ha podido constatar que las actuaciones realizadas en la finca "se han limitado a la eliminación de una de las balsas y a la retirada algunas de las construcciones". Sin embargo, "la única plantación forestal que se ha realizado en la finca ha sido con eucaliptos, especie totalmente desaconsejada en el ámbito de Doñana, y para nada compatible con los objetivos de conservación y sostenibilidad de la zona". Además, indican, "dicha plantación se realizó en verano, por lo que todos los ejemplares sembrados se secaron". Nada se sabe de "la restauración topográfica del suelo y de la eliminación de los taludes y grandes cambios realizados para su aprovechamiento intensivo".
Por todo ello, Ecologistas en Acción exige de la Consejería de Medio Ambiente, a la critica su "inoperancia" como responsable, una "acción certera y contundente de condena de las actuaciones ilegales en la zona, supervisando y vigilando medidas eficaces la restauración real y sostenible de las fincas forestales arrasadas y cerrando el paso a la continua deforestación del territorio de Doñana".