El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la declaración como fenómenos meteorológicos adversos, con incidencia en el sector agrario, de las lluvias torrenciales de noviembre en Huelva y Cádiz, para facilitar así la reparación de caminos rurales.

Esta declaración, adoptada en el último Consejo de Gobierno antes de que el actual Ejecutivo entre en funciones, tras las elecciones autonómicas del próximo domingo, 2 de diciembre, impulsa las obras de reparación en caminos rurales en seis municipios de la provincia de Huelva y uno de Cádiz, que resultaron afectados en por estos temporales.

Estas actuaciones se desarrollarán en los municipios onubenses de Ayamonte, Isla Cristina, Lepe, Paterna del Campo, Villablanca y Villanueva de los Castillejos, así como en el gaditano de Sanlúcar de Barrameda.

Con la decisión adoptada hoy por el Consejo de Gobierno son ya 113 los términos municipales incluidos en el plan de actuación previsto por la Junta de Andalucía en las vías afectadas por los temporales de los últimos meses.

Las obras, presupuestadas en 20 millones de euros y cofinanciadas al 75 por ciento por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, se llevarán a cabo en 48 municipios malagueños, 19 sevillanos, 14 granadinos, 11 jiennenses, nueve almerienses, seis onubenses, cinco cordobeses y uno gaditano.

Los daños causados por el temporal en estos caminos rurales han dejado aisladas a muchas explotaciones agrícolas y ganaderas, impidiendo el mantenimiento del potencial productivo.

El plan de actuación forma parte del conjunto de medidas urgentes de máxima prioridad aprobadas por el Gobierno andaluz el 30 de octubre, con una dotación total de 37,71 millones de euros y especial atención a las provincias más afectadas, Málaga y Sevilla.

Esta intervención extraordinaria se articuló en dos decretos ley, uno para caminos rurales y otro para colaboración con las entidades locales, y en la aplicación del Fondo de Contingencia del Presupuesto de la Junta para trabajos de emergencia en infraestructuras viarias, hidráulicas y educativas.

El Ejecutivo andaluz aprobó entonces sendos decretos leyes con una dotación global de 37,7 millones de euros, de los que 20 millones son para la reparación de caminos rurales; 6,7 millones para obras en carreteras; 6,48 para infraestructuras hidráulicas, cauces públicos y caminos forestales, y 3,5 millones destinados a la colaboración con los entes locales para actuaciones de emergencia en infraestructuras.

El resto se distribuye entre 591.816 euros para intervenciones en centros educativos; 331.615 euros a centros sanitarios, y 100.000 a la reparación del Muro de San Miguel de los Baños Árabes de Ronda.