El fiscal delegado de Menores de Huelva, Alberto Campomanes, ha criticado las infraestructuras en las que se ubica el Juzgado y la Fiscalía de Menores de Huelva, que cuenta con "una sede manifiestamente inapta como sede judicial", al no tener salas para reunirse los abogados, calabozo y un lugar adecuado para celebrar juicios, puesto que "no hay espacio" físico y "las grabaciones de los juicios no se oyen" por el ruido de las personas que se acumulan en el pasillo contiguo a la sala.

En una entrevista concedida a Europa Press, el recién nombrado fiscal de Menores ha detallado que las instalaciones son inadecuadas por el uso que tiene, ya que "no están destinadas a una función meramente administrativa", sino que son usadas por la ciudadanía, y en concreto por una parte vulnerable de ella, como son los menores y sus familias.

De esta forma, Campomanes ha explicado que debido a esta falta de medios se dan situaciones "surrealistas" cuando se celebran juicios con personas agolpadas en la calle o en un bar, a donde tiene que acudir el funcionario a avisar de los turnos. Asimismo, las instalaciones tampoco cuentan con accesibilidad para personas con discapacidad, así uno de los fiscales tiene problemas para desplazarse por el edificio y para trabajar, porque utiliza una silla de ruedas. De hecho, el despacho que tiene habilitado carece de ventana y ventilación.

En cuanto a la composición de la Fiscalía, ha detallado que cuenta con cuatro fiscales --que no son exclusivos de menores sino que realizan además otras tareas en juzgados de adultos--, cinco funcionarios de personal auxiliar y administrativo y seis técnicos --dos psicólogos, dos educadores sociales y dos trabajadores sociales-- de los cuales no todos están ocupando su plaza, lo cual se traduce en "carencias, porque los informes necesitan la firma" de este personal técnico, ya que si no es así "no tienen validez".

En este sentido, el nuevo delegado de la Fiscalía de Menores onubense ha hecho hincapié en que las demandas en infraestructuras y referentes al personal se vienen recogiendo en las memorias anuales como una necesidad que se da tanto en este órgano como en otros de la provincia y teme "que siga siendo así", "porque no llevamos asuntos que muevan dinero", como "claúsulas suelo o préstamos hipotecarios", aunque ha recalcado que cree que "el valor" con el que trabajan, supone "un tipo de inversión que merece tanta o más inversión" que otros asuntos.

CENTRO DE MENORES SIN PLAZAS PARA MUJERES

Igualmente, Alberto Campomanes ha valorado positivamente el funcionamiento del Centro de Menores Infractores que existe en Huelva, a pesar de que en el momento de su apertura hubo cierta polémica de tipo social "por su ubicación, hasta el día de hoy no ha habido ningún tipo de problema ni incidencia negativa hacia el exterior del centro".

El fiscal delegado de Menores ha querido resaltar las deficiencias en cuanto a las plazas ofertadas en el centro onubense, 20 en total, ya que "no tenemos ni centro para chicas, ni plazas de tipo terapeútico porque haya detrás un problema de adicción o una enfermedad mental".

En este sentido, los menores en estas circunstancias, mujeres y usuarios con un cuadro de enfermedad mental o adicción, tienen que ingresar en centros ubicados fuera de la provincia donde sí existen este tipo de plazas, lo que conlleva que a veces la familia, que debe ser parte activa en la intervención del menor, "no puede permitirse acudir semanalmente" a un centro ubicado a cientos de kilómetros.

Esto se traduce en que "los menores de Huelva por el hecho de ser mujer o tener una necesidad terapéutica especial son tratados con peor condición que los menores que son de otras provincias de Andalucía", situación que Campomanes ha destacado que "se debe corregir cuanto antes", ya que esto se traduce en una intervención menos eficaz.

Dichas carencias han sido puestas en conocimiento de la Junta de Andalucía en reiteradas ocasiones por el antecesor de Campomanes, cuando estaba el anterior Gobierno andaluz, y también se le ha trasladado al nuevo Ejecutivo autonómico, además de que la Fiscalía del Estado, "a través de las memorias" del órgano judicial onubense "tiene conocimiento de esta situación".