Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo una operación en la provincia de Huelva dirigida contra el fraude a la Seguridad Social en sectores tan diversos como restauración, el alquiler de inmuebles, los productos agrarios o la construcción y rehabilitación de edificios que ha permitido aflorar una estafa cifrada en torno a los 4,52 millones de euros.

Las investigaciones comenzaron en octubre de 2019 tras varias denuncias sobre irregularidades cometidas en diversas empresas situadas en los partidos judiciales de Ayamonte, Huelva y Palma del Condado. Según informa la Policía Nacional en un comunicado, los empresarios de las sociedades no pagaban los seguros sociales de sus trabajadores en su propio provecho, con el consiguiente perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social y, en algunos casos, en connivencia con los trabajadores realizaban altas fraudulentas sin desarrollar actividad alguna en la sociedad mercantil y así poder cobrar los subsidios por desempleo posteriormente.

El estudio de la documentación permitió observar que en todos los casos se pretendía eludir el pago de la deuda y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería a través de la creación de sucesiones empresariales opacas y empresas pantalla que ocultaban los beneficios y el patrimonio de las sociedades investigadas.

Los 33 responsables de los delitos investigados han sido puestos a disposición de la justicia, resultando ser principalmente los administradores de hecho de las empresas, pero también sus testaferros, algunos trabajadores que figuraban en connivencia, así como familiares de los primeros, a los que se atribuyen delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones y de prestaciones), frustración a la ejecución y estafa procesal.

UN FERRARI Y VIVIENDAS VACACIONALES ENTRE EL PATRIMONIO OCULTO DEL DEFRAUDADOR

Entre las propiedades de una de las empresas patrimoniales de la sociedad deudora se ha descubierto un automóvil de lujo, valorado en 180.000 euros, pese a manifestar su administrador que no tiene dinero para saldar sus deudas con la Seguridad Social. Según la Policía, no es el único caso, ya que las sociedades instrumentales del grupo eran presuntamente dirigidas por 'hombres de paja' o bien sociedades interpuestas que carecen de organización, estructura, y medios para desarrollar una actividad económica. Sin embargo, se observan en sus cuentas bancarias valores millonarios y en los registros administrativos diversos bienes inmuebles gestionados como alojamientos vacacionales desde la única sociedad que tiene trabajadores, y que a su vez es la única que soporta deudas.

Como prueba de ello, la Policía señala que ni a la propia sociedad investigada por su deuda de 619.540,05 euros a la Seguridad Social, ni a su administrador, que también acumula una deuda de 129.831,01 euros con el mismo organismo, se les había podido embargar hasta el momento patrimonio alguno, si bien con la actuación policial se ha puesto al descubierto la opacidad empresarial existente y dado conocimiento a las autoridades judiciales de estos hechos con el fin de que puedan revertirse tal situación.

DIVORCIO FICTICIO

Otro ejemplo detallado por la Policía alude a una pareja de empresarios onubense que estuvo continuamente sucediéndose en el sector de la construcción durante los últimos 16 años, acumulando una deuda con la Seguridad Social de más de 150.000 euros, y que se divorció de forma legal para presuntamente, evitar el cobro de sus acreedores, procediendo de forma fraudulenta a transferir todos los bienes que figuraban como gananciales al padre de la mujer con el fin de evitar embargos.

Según la Policía, pese a estas maniobras se ha podido demostrar que la pareja continuó durante todos estos años haciendo vida conyugal, residiendo en el mismo inmueble y utilizando para su movilidad una furgoneta Mercedes Benz comprada por ella que fue transferida a su padre. También ha podido aflorar la venta de dos naves industriales heredadas que les reportaron unos beneficios de más de 127.000 euros con los que podrían haber cubierto una importante parte de sus deudas, y que sin embargo ocultaron a sus acreedores.

La investigación policial de la UDEF también ha constatado que esta pareja ha obtenido beneficios suficientes con su actividad empresarial como para abonar las cantidades adeudadas a la Tesorería General de la Seguridad Social, por lo que se ha procedido a su detención como presuntos responsables de delitos contra la Seguridad Social y frustración a la ejecución, dándose cuenta de ello al Juzgado correspondiente.

CONCURSO "AMAÑADO" DE ANTEMANO

Por último, la Policía también hace referencia a un empresario, que tenía múltiples fuentes de ingreso, como la explotación de locales de hostelería, la gestión de alquileres, inmobiliaria, la construcción, así como la adjudicación del servicio de mantenimiento y limpieza de un centro comercial, acusado de crear una sucesión empresarial fraudulenta con las que durante años ha generado una deuda de casi 200.000 euros a la Seguridad Social.

Según la investigación, durante este periodo de estafa, en la que se quedó con los importes de los seguros sociales de sus trabajadores, este empresario constituyó numerosas mercantiles, que dejaba durmientes a la espera de ser utilizadas para el desvío de la actividad y facturación cuando fuese preciso. Asimismo, cuando sus empresas empezaban a generar deudas las descapitalizaba, comenzando a continuación a operar con esas sociedades sin actividad que tenía ocultas a nombre de otras personas.

Además, en 2017, cuando una de sus empresas superaba los 100.000 euros de deuda con la Tesorería desvió la facturación a una tercera empresa a nombre de su mujer, y a su vez solicitó el concurso de acreedores de la empresa deudora al alegar incapacidad de pago y ausencia de actividad comercial, consiguiendo de esta forma una cobertura legal para el impago.

Según la Policía, con este uso fraudulento de los mecanismos que recoge la Ley Concursal, pretendía no hacer frente a sus deudas e inducir al error a los Juzgados de lo Mercantil, que a tenor de la falsedad en las manifestaciones y en las cuentas presentadas, declararon el concurso "fortuito" produciendo un importante perjuicio a sus acreedores. Todo ello permitió al matrimonio acumular un importante patrimonio de bienes muebles e inmuebles y llevó a su detención como autor de varios delitos contra la Seguridad Social, frustración de la ejecución y estafa procesal.