La Comisión de Transparencia del Ayuntamiento de Jaén ha analizado la situación del servicio de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración de aguas residuales, que gestiona Aqualia, en una reunión en la que el “conflicto” entre el Consistorio y la empresa centró la atención.
Así lo ha confirmado el presidente de la comisión, Javier Ureña, portavoz de Unidas Podemos por Jaén, que reconoció que se abordaron los recursos interpuestos en el Contencioso- Administrativo por la empresa contra diferentes resoluciones del Ayuntamiento.
“Tres de ellos para la desestimación de los informes sobre el pago del canon en 2019, 2020 y 2021; otros tres contra las resoluciones de reingreso de las cantidades abonadas de más por parte de los jiennenses a Aqualia; y otros tres, aún no presentados, contra la nulidad de oficio de los diferentes convenios, aprobada en pleno”, dijo.
En concreto, el pleno aprobó el 22 de marzo la nulidad de tres convenios sobre el servicio de abastecimiento de agua “muy ventajosos para la empresa y muy lamentables” para el Consistorio, con un “quebranto económico para las arcas municipales que rondan los 38 millones de euros”.
Desde Aqualia se defendió la legalidad de estos acuerdos de los años 2006, 2010 y 2013. Ureña señaló que el equipo de gobierno (PSOE-Cs), informó, en base a informes de la inspección técnica de la empresa externa DBO5, que se están estudiando “diversos incumplimientos” de los pliegos técnicos del servicio. “Los funcionarios del Ayuntamiento están valorando la posibilidad de que estos incumplimientos deriven en expedientes sancionadores a la empresa concesionaria”, confirmó Ureña.
Uno de los incumplimientos se refiere a la limpieza y el mantenimiento de los imbornales que recogen las aguas pluviales en las calles. “Aqualia reconoce que realiza una limpieza al año, pese a que en los pliegos de prescripciones técnicas del contrato les comprometía a mantenerlos en perfecto estado de forma permanente”, apuntó.
Para garantizar el cumplimiento se va a reclamar en un plazo de 30 días a la concesionaria la puesta en marcha de un plan mensual de limpieza de imbornales.
También se informó del inicio de la redacción de una nueva ordenanza fiscal que pueda contemplar el derecho humano al agua que garantice un consumo mínimo a todas las familias.
