La sentencia del Tribunal Constitucional que ha declarado nulo e inconstitucional el método utilizado por los ayuntamientos para determinar la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía) puede originar un serio quebranto a las arcas municipales si el Gobierno no habilita algún tipo de mecanismo alternativo que de algún modo compense a las administraciones locales.
En el caso concreto del Ayuntamiento de Jerez, basta con repasar las liquidaciones presupuestarias de estos últimos ejercicios para advertir la magnitud del boquete económico que puede empezar a suponer prescindir del cobro de este impuesto.
En el periodo comprendido entre 2015 y 2020 -ambos inclusive-, el Consistorio jerezano ingresó 49,21 millones de euros por este concepto, a una media anual de 8,20 millones
En el presupuesto del último ejercicio liquidado (2020) se habían estimado unos ingresos de 11,54 millones de euros, recaudándose finalmente 6,90 millones, el 59,79 por ciento de lo previsto.
Fue de hecho el año de menor ingreso del periodo analizado, lejos de los 12,05 millones de euros que se llegaron a recaudar en 2016, cuando se habían estimado unos ingresos por este concepto de 13,80.
Entre 2015 y 2020, el Ayuntamiento recaudó de media el 65,30 por ciento de la cantidad inicialmente presupuestada por este concepto.
A pesar de ello, los 49,21 millones de euros que llegaron finalmente a las arcas municipales ponen de manifiesto la importancia que tiene el cobro de las plusvalías para equilibrar las cuentas públicas.
"También ha sido una ruina para los ciudadanos que han pagado"
José Cepero, del Bufete Cepero, logró hace varios años ganar una primera sentencia contraria al pago de estas plusvalías que se antoja definitiva para todo lo ocurrido con posterioridad.
Admite que la decisión del Constitucional puede ser “la ruina definitiva para muchos ayuntamientos”, si bien advierte de que el pago del impuesto también ha supuesto “la ruina para muchos ciudadanos”.
“Ahora quizá dejen de ingresar un dinero -por los ayuntamientos- que ha sido recaudado injustamente durante muchos años”, subraya el abogado.
