La Seguridad Social entiende que una mujer que está casada con otra mujer no puede disfrutar del permiso de paternidad si no lo solicita durante la baja maternal de su pareja. Esto quiere decir que, con la legislación vigente, el trámite de adopción que debe hacer una mujer lesbiana bloquea toda opción a disfrutar del permiso que le corresponde a todo padre porque la adopción se prolonga más allá de la baja de maternidad. Por tanto, cuando se solicita, se está fuera de plazo. Carmen Díez llevó el asunto a los tribunales y un juez le da ahora la razón. Evidentemente, tiene derecho a esa prestación porque no existe motivo alguno que la prive de la necesidad de ayudar a su pareja al cuidado del recién nacido. ¿Supone entonces que las parejas lesbianas no podrán tener el permiso de paternidad a tiempo? La Justicia ha dictado que Seguridad Social le debe su prestación, pero ésta debe llegar a tiempo, no años después. En primer lugar, debería buscarse un nombre más adecuado que el de permiso de paternidad. Esta mujer no es padre del pequeño, y aunque no sea algo ofensivo, sí desentona con el sentido que debe tener de ayudar a la madre tras el proceso de dar a luz. En segundo lugar, debería vigilarse con mucho cuidado la figura de la madre adoptante porque, como tal, tiene derecho a 16 semanas de baja. Y en tercer lugar, si como se ha sentenciado, una adopción da derecho a un permiso de paternidad, pasada la baja maternal, este derecho se debe extender también a los padres biológicos, que tienen que tener las mismas oportunidades. El caso de Carmen Díez ha abierto una importante brecha en uno de los aciertos más importantes del ex ministro Jesús Caldera. El actual ministerio de Trabajo tomará nota de este caso, abrirá nuevas suposiciones y tendrá sobre la mesa algo sobre lo que reflexionar. Hace poco tiempo se habló de la posibilidad de ampliar el permiso de paternidad y de maternidad (esta opción impuesta por Bruselas), pero no es el momento de tirar de los fondos públicos para estas cuestiones y los españoles son conscientes. La prioridad es salvar la economía y eso supone reducir drásticamente los gastos sociales. Sin embargo, no es un derroche revisar la ley y adaptarla a todas las opciones posibles, no ya para dar más días de baja, sino para flexibilizarlos.
