Los populares interpelaron enmiendas a una Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista en el Congreso, instando al Gobierno a que durante su presidencia de la Unión Europea estableciera los contactos pertinentes para cerrar "a la mayor brevedad posible este Tratado".
Este Tratado sobre el comercio de armas incluye la adopción de normas legales "para evitar la transferencia irresponsable de armas cuando estas sean utilizadas para perpetrar violaciones de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario y actos terroristas". Además, en aras de conseguir "la pretendida intensa acción internacional que lograra la vinculación a los acuerdos adoptados en la convención de la Conferencia de Dublín para bombas de racimo por parte de aquellos países que aun no se han adherido al mismo", el escrito establece "los contactos pertinentes con los estados que no lo hayan suscrito de cara a conseguir su adhesión a este tratado".
Landaluce resalta que "hablamos de una cuestión en la que todos estamos de acuerdo, pero sobre en la que cabe exigir celeridad para acabar con las situaciones que la falta de un control coordinado sobre el trafico de armamento favorece.Este acuerdo obliga a los estados firmantes, entre ellos España, a no utilizar jamás bajo ninguna circunstancia bombas de racimo, así como a no elaborar, producir, adquirir de cualquier modo, acumular, almacenar o transferir a nadie, directa o indirectamente, armamento de racimo".
Desde el PP se destaca que el riesgo de "este armamento tiene no radica en su utilización en el momento, sino que por su particular construcción, las submuniciones que estos artefactos esparcen tienen un rango de fallo de entre el 5 y el 30%, quedando esparcidas por los lugares a los que fueron arrojados".
